No es exageración ni paranoia: el antifeminismo en América Latina está organizado, financiado y en expansión. No estamos hablando únicamente de un puñado de trolls en redes sociales ni de hombres “confundidos” por los cambios culturales que ha logrado la lucha feminista. Hablamos de una maquinaria política, religiosa y mediática que opera en red, con poderes, partidos, iglesias y fundaciones que se alinean para frenar derechos.
Un informe reciente de la Fundación Friedrich Ebert en Chile lo dice con claridad: el antifeminismo hoy es una herramienta de poder. Es, como lo dicen los autores del informe, “una bisagra entre el neoliberalismo y el autoritarismo” que permite a sectores conservadores cohesionar su base política, ganar elecciones y legitimar modelos de sociedad excluyentes.
Los datos son claros, en El Salvador 30.7% de la población expresa actitudes antifeministas; en Brasil, 29,4%; en Argentina, 29,3%. Y esos discursos no se quedan en el nivel simbólico: se transforman en políticas públicas que nos afectan a todas.
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En Argentina, Javier Milei hizo del odio al feminismo una plataforma de gobierno. Cerró el Ministerio de Mujeres, prohibió el lenguaje inclusivo y busca eliminar la figura de feminicidio. Activistas en la región han advertido que, lo que está en marcha es un intento de borrar todo lo que las feministas hemos conquistado en los últimos años. Y no es casual. El antifeminismo no es un desvarío cualquiera, sino un cálculo político. Sirve para distraer del ajuste económico, deslegitimar las luchas populares y reinstalar un orden donde el poder vuelva a manos de unos pocos, sin límites ni cuestionamientos.
En México, la ofensiva viene con corbata y sotana. En La Cadera de Eva hablamos de informes que identifican al menos una docena de organizaciones ultraconservadoras —como el Frente Nacional por la Familia o Abogados Cristianos— que operan desde los salones de clase hasta los tribunales. Con financiamiento internacional, especialmente de Estados Unidos y Europa. Estas agrupaciones impulsan campañas contra la educación sexual, los derechos LGBTIQ+ o el acceso al aborto, usan el lenguaje de la “libertad” para justificar la censura. Usan la defensa de “la familia” para invisibilizar la violencia de género o la violencia sexual contra las infancias.
Y no, no es coincidencia. Como bien señala el informe, el antifeminismo actual se articula con grupos religiosos -particularmente cristianos-, partidos de derecha radical y plataformas digitales que difunden fake news con absoluta impunidad. Sus discursos son simples: miedo, odio y orden. Pero su impacto es devastador: criminalización de mujeres y personas de identidades disidentes, censura educativa, persecución política, retrocesos institucionales.
No se trata solo de resistir. Se trata de nombrar con claridad a los actores del retroceso: gobiernos que se dicen “liberales” pero reprimen nuestras palabras; legisladores que hablan de “ideología de género” como amenaza; medios que siguen equiparando feminismo con extremismo; iglesias e instituciones que encubren violentadores y promueven sociedades sexistas.
Pero también se trata de reconocer que no estamos solas. Frente a la reacción patriarcal, los feminismos se reorganizan. En Chile, en México, en Argentina, en todo el territorio, miles siguen marchando con un solo lema: Ni un paso atrás.
Hoy más que nunca, defender el feminismo es defender la democracia. No basta con denunciar el antifeminismo como “discurso de odio”. Hay que nombrarlo como lo que es: un proyecto político que quiere devolvernos al silencio.