La violencia de género afecta a millones de mujeres en todo el mundo. En México, en 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que el 66.1% de las mujeres en México ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y la violencia en el ámbito familiar o de pareja ocupa un lugar central dentro de este problema. A pesar de estos números, el apoyo institucional sigue siendo insuficiente y el acompañamiento a las víctimas está lejos de ser integral y accesible para todas.
Desde una perspectiva ética, el acompañamiento a las víctimas de violencia doméstica no puede limitarse a una respuesta asistencialista, ni simplemente a una acción punitiva que relegue a las víctimas a un papel secundario. Lo que necesitamos es una ética de los cuidados que entienda la violencia doméstica como una cuestión que atraviesa lo privado y lo público, que conciba el acompañamiento no solo como un proceso terapéutico, sino como un ejercicio colectivo de justicia y reparación.
Acompañar a una víctima es, en esencia, un acto político. Requiere construir redes de apoyo sólidas, resistir al individualismo que nos aísla y nos insensibiliza. Es construir comunidades donde el cuidado sea un derecho y no un privilegio.
Te podría interesar
En este sentido, los trabajos de autoras como Silvia Federici o Joan Tronto proporcionan claves teóricas fundamentales para comprender cómo el cuidado puede ser un motor de transformación en la vida de las mujeres que sufren violencia y en la forma en que se organiza nuestra sociedad.
Federici, por ejemplo, denuncia cómo el trabajo de cuidado, históricamente realizado por las mujeres, ha sido desvalorizado y invisibilizado por el capitalismo. El trabajo doméstico no remunerado y el cuidado de los hijos e hijas han sido fundamentales para el funcionamiento de la sociedad, pero han sido sistemáticamente relegados a un segundo plano, despojando a las mujeres de sus derechos y autonomía. Esta lógica de desvalorización se traslada también a la violencia en el ámbito doméstico: en lugar de ser vista como una cuestión política y social que debe ser resuelta colectivamente, se ha tratado como un problema privado que las mujeres deben resolver por sí mismas, muchas veces sin el apoyo necesario.
Joan Tronto, en su obra sobre la ética del cuidado, señala que el cuidado debe ser visto no solo como una práctica individual, sino como una responsabilidad colectiva. Las mujeres víctimas de violencia necesitan más que un refugio o una respuesta puntual: requieren una red de apoyo sólida, que no dependa únicamente de los esfuerzos individuales o de organizaciones no gubernamentales, sino de un sistema público que asuma el cuidado como parte de su misión de garantizar el bienestar de la ciudadanía.
Aquí es donde el acompañamiento de profesionales como jueces, policías, abogados y psicólogos juega un papel crucial. Un sistema de justicia que no comprenda la violencia machista en su complejidad, que no valore la necesidad de acompañamiento integral, es un sistema que reproduce la violencia. Las víctimas de violencia necesitan una respuesta integral que no solo implique el castigo al agresor, sino también el apoyo psicológico y jurídico que las guíe a lo largo de un proceso que pueda ser tan traumático como la misma violencia sufrida.
El acompañamiento adecuado también exige una reforma estructural. Las víctimas no pueden ser tratadas como casos aislados, sino que deben ser parte de una red que las apoye a lo largo de todo el proceso. Esto implica desde la primera denuncia hasta la reconstrucción de sus vidas. Un sistema de apoyo basado en los principios de la ética del cuidado reconoce la interdependencia de todas las personas y proporciona un contexto donde las víctimas pueden sanar, sin caer en la criminalización ni la revictimización.
El acompañamiento debe poner al centro también a las infancias. En la Red Nacional de Refugios el 31% de las mujeres que pidieron apoyo tenían hijos, y en el 20% de los casos, las violencias impactaron directamente a los niños y niñas. El 84% de las infancias experimentaron violencia física y el 93% violencia psicológica. La violencia vicaria también es una realidad que el Estado no está atendiendo.
Necesitamos un compromiso real del Estado en la creación de recursos públicos que garanticen este acompañamiento. Y mientras seguimos luchando por una sociedad más justa, es fundamental que no olvidemos que la violencia machista no es solo un problema de las víctimas, sino de toda la sociedad.