El próximo 1 de junio de 2025, México por primera vez se enfrenta a la elección directa de 881 cargos dentro del Poder Judicial de la Federación, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados y jueces. Sin embargo, lejos de ser una auténtica democratización, este proceso se perfila como una gran simulación electoral que pondrá fin a la independencia judicial en el país.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha establecido restricciones para las campañas, como la prohibición de contratar espacios en medios de comunicación y la limitación en el uso de recursos públicos. No obstante, estas medidas resultan insuficientes y, en algunos casos, contradictorias, evidenciando la falta de un marco claro y coherente para garantizar elecciones justas y transparentes.
La falta de información y transparencia en el proceso es alarmante. Hoy nos enfrentamos a la compleja tarea de elegir entre miles de candidatos sin contar con mecanismos adecuados para conocer sus perfiles, trayectorias y propuestas. Sin dejar de lado que, por primera vez en una elección “democrática”, la ciudadanía no cuidará ni contabilizará los votos; esa opacidad no solo desincentiva la participación, sino que abre la puerta a la manipulación de los votos y al fraude electoral.
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Por otro lado, la politización del proceso es evidente. En los primeros días de campaña se ha denunciado la participación de las candidatas al Poder Judicial en actos proselitistas respaldados por sindicatos y organizaciones políticas, vulnerando burdamente la imparcialidad judicial que hoy está comprometida por las influencias políticas de la gran mayoría de las y los candidatos. Estas prácticas comprometen de facto la esencia y objeto de un sistema judicial independiente y refuerzan la percepción de que esta elección es una farsa diseñada por el gobierno para cooptar al Poder Judicial con intereses corruptos ajenos a la justicia.
Es esencial que la ciudadanía reconozca que este proceso no representa una verdadera democratización del Poder Judicial. Por el contrario, es una simulación que amenaza con socavar los pilares fundamentales de la justicia en México. Como bien señaló la ministra Norma Piña Hernández: “La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino un derecho de los justiciables; es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos.”
México se encuentra en una encrucijada. Es responsabilidad de todos cuestionar, vigilar y exigir transparencia y apego a la ley en este proceso.
No podemos permitir que en nombre de la democracia se perpetúe un sistema que traiciona los principios de justicia. Se realizará la elección al Poder Judicial, pero nunca podrá estar legitimada.