Las entidades federativas obtienen ingresos de cuatro fuentes: el gasto federalizado, organismos y empresas, deuda y sus recursos propios. La política fiscal de los estados ha estado marcada por una alta dependencia a las transferencias federales en la forma del gasto federalizado. En promedio, dichas transferencias representan más del 80% de los ingresos de las entidades federativas. En casos como Guerrero y Tlaxcala, esta supera el 90%. Asimismo, dado que el gasto federalizado proviene de los ingresos tributarios y petroleros, puede llegar a ser inestable. Por ejemplo, en 2023, las participaciones federales, el componente más grande del gasto federalizado, fueron menores dado que no se cumplieron las metas de ingresos federales.
En 2025, las finanzas estatales enfrentarán un escenario similar, ya que en el PEF 2025 se aprobó una disminución del gasto federalizado por 1.2% respecto de 2024. Lo anterior, implicaría que los estados tengan los menores ingresos como porcentaje del PIB desde 2018 y plantea una cuestión clave: ¿pueden los estados realmente fortalecer su recaudación propia para compensar esta caída?
En este contexto, el crecimiento proyectado del 5.8% en los ingresos estatales propios parece positivo, ya que lograrían, hasta cierto punto, compensar la caída en el gasto federalizado, pero sigue siendo insuficiente para lograr una autonomía financiera real.
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Los datos revelan una marcada heterogeneidad entre entidades. Mientras que Ciudad de México, Quintana Roo y Sonora encabezan la lista con los mayores ingresos propios, otras entidades como Oaxaca y Guerrero apenas alcanzan el 10% de sus recursos a partir de impuestos estatales y otras contribuciones. Este desequilibrio evidencia que no basta con incrementar la recaudación; es fundamental fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de las haciendas estatales.
El caso de algunos estados es ilustrativo. Aguascalientes, Guerrero y Oaxaca proyectan aumentos significativos en sus ingresos propios para 2025, con crecimientos del 103.7%, 98.8% y 85.4%, respectivamente. Sin embargo, aún hace falta tiempo para observar si este incremento se traduce en una mayor estabilidad financiera a largo plazo. Los ingresos de dichos estados todavía dependen en más del 80% del gasto federalizado. La solución no radica exclusivamente en aumentar impuestos, sino en diseñar un sistema tributario estatal eficiente, que minimice la evasión y optimice el cobro de derechos, productos y aprovechamientos.
El federalismo fiscal en México está en un punto de inflexión. La centralización de los recursos federalizados presiona el rol de los gobiernos subnacionales en la elaboración de políticas públicas. Si bien es necesario que los estados fortalezcan su recaudación, también debemos abrir el debate sobre la distribución de competencias fiscales y la necesidad de una nueva coordinación fiscal.
En un contexto en el que las transferencias federales, además de ser inestables, están disminuyendo por optar hacia una política más centralizada, los estados deben redoblar esfuerzos para atender las necesidades de su población. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) elaboró un análisis al respecto que puedes consultar en www.ciep.mx.
Emilio Sánchez Salazar*
Economista por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con especializaciones en Economía Pública y Desarrollo Sostenible, así como de Economía Aplicada y Ciencia de Datos por la misma institución. Actualmente colabora como investigador en el área de finanzas públicas subnacionales en el CIEP. Sus áreas de interés son el federalismo fiscal, economía del desarrollo, la economía conductual y la ciencia de datos aplicadas al deporte. Ha tenido la oportunidad de incidir en la discusión sobre la coyuntura subnacional por medio de investigaciones que permiten conocer el contexto de la coordinación fiscal actual, así como para fomentar la independencia fiscal de los gobiernos subnacionales. Considera que toda política pública puede ser más efectiva si se implementa desde lo local.