En tiempos de polarización hay que rescatar el valor de la institucionalidad. Es lo que posibilita que haya objetividad e imparcialidad desde el poder público hacia quienes piensan diferente y las condiciones de viabilidad de la cosa pública en democracia.
Cuando se usa a los entes públicos como instrumentos de propaganda, o se exige a quienes se desempeñan en el servicio público lealtad a una ideología política, o se pide a los jueces que apoyen un determinado proyecto político, se erosiona la institucionalidad. Y es que las instituciones tienen su propia entidad que en democracia deriva del acuerdo constitucional, de los derechos humanos y de la sujeción del poder a la ley y de su control.
Así pues, cuando la Constitución establece que el poder público debe garantizar los derechos humanos en condiciones de progresividad y no regresividad, o bien, rechaza la discriminación y obliga a dar un trato digno, establece reglas de trato entre gobernantes y gobernados. Por ejemplo, Un servidor público desempeña un rol creado por la norma jurídica, pun gobernante al insultar o difamar a otra persona estaría faltando a sus deberes de respetar la dignidad de una persona. En las relaciones entre gobernantes y gobernados no se establece una posición de igualdad entre ellos. Por ejemplo: otorgar licencias administrativas, recaudar los impuestos, imponer sanciones, juzgar conflictos entre partes. En cualquiera de estas funciones se debe dar un trato respetuoso e imparcial.
Si, desde su posición (no igualitaria), el servidor público trata de manera diferente a una persona favoreciendo a quien coincida con su ideología política o partidaria y maltratando a quien tenga opciones diferentes, estaría traicionando los deberes del cargo público aun cuando podría ser congruente con su posición derivada de la militancia política.
Las instituciones no conocen ni deben conocer el lenguaje de adversarios; aun quienes violan la ley no tienen ni deben ser vistos como adversarios de las instituciones. El lenguaje y la posición adversarial es propio de la disputa política partidaria. En democracia el ejercicio del voto puede favorecer transitoriamente a alguna de las opciones políticas, pero eso no significa que se dé al triunfador una especie de derecho de propiedad sobre el aparato público. El voto otorga un mandato de gestión a una fuerza política que es transitorio, en tanto no se forme una nueva mayoría. El mandato de gestión tampoco da el poder para aniquilar a las minorías.
La preservación de la institucionalidad requiere distinguir los ámbitos de la vida y lucha partidaria de la gestión de los asuntos públicos y comunes.