Llegó el momento. Al comienzo de esta semana se dio inicio al período de sesenta días para las campañas por los distintos cargos que se disputarán en las controvertidas elecciones al Poder Judicial, con diecinueve entidades con procesos concurrentes con el federal y trece en las que solamente habrá elección a este último nivel. Como resultado de estas campañas, la ciudadanía podrá elegir a quienes reemplazarán a la mitad de los integrantes del Poder Judicial Federal, incluidas todas las nueve personas ministras de la Suprema Corte, dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, quince magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral, las cinco magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito y 386 cargos de personas juzgadoras de distrito. En total, 881 cargos en la pista federal, para los que habrá más de tres mil candidaturas entre las que la ciudadanía que decida votar tendrá que elegir el próximo 1 de junio.
La elección de reglas para la elección
Siempre hubo modelos de elección que pudieron dar lugar a un voto más informado. Por ejemplo, se pudo pedir a cada votante que eligiera a una sola persona en cada tipo de encargo (o quizá de especialidad), reduciendo así a seis los votos a emitir en la pista federal. El cómputo por casilla se pudo hacer entonces en la misma mesa de votación y ya en los consejos distritales se sumarían los votos por aspirante y se consideraría electos a los primeros lugares para cada nivel de cada sexo, conforme al reparto establecido para asegurar la paridad. Es mucho más sencillo que un ciudadano se defina por una persona para cada cargo en disputa a que lo haga por decenas de candidaturas que le son y le serán desconocidas.
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Es cierto que debiera ayudar en la decisión de voto el hecho de que muchas de las personas con candidatura tienen experiencia y ocupan actualmente alguna posición en el propio Poder Judicial que habrá de elegirse. Que aunque se rompa la lógica de escalafón, en muchos casos quienes competirán cuentan con una trayectoria que justifica al menos en principio su aspiración al puesto, pues los datos disponibles señalan que alrededor de siete de cada diez personas insaculadas por los comités del Ejecutivo y del Judicial ya trabajan en el Poder Judicial y que ello ocurre en poco más de la mitad de los casos en el Poder Legislativo. Aunque, hay que reiterar, esta situación no otorga legitimidad a la reforma y mucho menos garantiza la futura independencia de quienes podrán juzgar, menos cuando sobre la actuación de los futuros juzgadores pesará la espada de Damocles del Tribunal de Disciplina Judicial.
Se podría decir de la propuesta de un voto por tipo de encargo que con ello cada persona sólo votaría por una parte de los cuerpos a integrarse. Pero en el modelo adoptado las personas no podrán votar por todos los cargos que eventualmente le afectarán; vaya, ni siquiera por todas las personas juzgadores con competencia en el ámbito territorial en que se reside. Y que, como se mencionó en la sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral, las lógicas de adscripción de candidaturas por género se vieron distorsionadas al no considerarse para la insaculación realizada por el Instituto Nacional Electoral la cantidad y género de las personas candidatas en cada circuito judicial.
El obstáculo que ya quedó
A lo largo del proceso previo a campañas se tuvieron muchas posibilidades de reconsiderar la perspectiva sobre qué tipo de cargos se estarán eligiendo, partiendo del hecho de que a quienes se elegirá no son de ninguna manera representantes de un segmento del electorado radicado en un circuito o en un artificialmente construido distrito judicial. De hecho, no existe correspondencia entre las personas que radican en un circuito o distrito judicial y a quienes competerá la actuación de una persona juzgadora o magistrada. Y lo que es más: no se trata de elegir a alguien que debiera responder a una población, pues los juzgadores se deberán a la ley, al menos supuestamente.
Esto nos devuelve a un problema de origen en esta elección: si bien los cargos con alcance nacional que se elegirán por voto popular (Ministerios en la Suprema Corte, Magistraturas para el Tribunal Electoral y para el Tribunal de Disciplina Judicial) deberán ser votados por la totalidad del cuerpo electoral del país, no hubo ninguna instancia que analizara y resolviera sobre el ámbito de competencia que tienen y tendrán los magistrados de circuito y jueces de distrito a elegir, de manera tal que se homologara el espacio en el que tienen o tendrán competencia con el territorio de residencia del electorado que podrá elegirles, cumpliendo así la máxima de tener una correspondencia entre quienes eligen y sobre quienes recaerán las consecuencias de la decisión.
Haber atendido a esa lógica hubiera llevado a avanzar un primer tramo de la reforma judicial que se hubiera relacionado con la redefinición de ámbitos de competencia de quienes juzgarán o bien con la definición de procedimientos que hicieran viable el ejercicio del voto ciudadano para la enorme cantidad de cargos que se tendrían que elegir por cada persona. Pero no: lo preferible fue que todos se hicieran ciegos al problema y simplemente respetaran las competencias territoriales previamente atribuidas para otros fines a juzgadores y magistraturas y luego, además, se recortara arbitrariamente las coberturas territoriales para que la ciudadanía pudiera elegir a quienes se someterán al voto.
Así, si ya era un despropósito elegir por voto popular a juzgadores y magistraturas, más ilógico resulta ser que cada persona, si decide votar, se enfrente a boletas y nombres con sólo una parte de quienes tendrán después competencia para asuntos judiciales en el territorio donde vive y que dicha parte sea el resultado de decisiones burocráticas ajenas a los posibles deseos de quienes votarán. Mal augurio para la consolidación de un régimen de derecho en el país.