La transición a fuentes de energía renovables o verdes promete mitigar los impactos negativos de las fuentes de energía tradicionales, como el petróleo y el carbón, responsables del cambio climático. Sin embargo, para que esta transición sea realmente efectiva y justa, es crucial la participación activa de los ciudadanos, la regulación de los Estados y acciones de debida diligencia por parte de las empresas. Esto asegura la legitimidad y aceptación de las políticas energéticas, además de promover comportamientos sostenibles.
La transición energética representa un cambio estructural en la producción y consumo de energía. Actualmente, muchos países están implementando políticas para reducir las emisiones de carbono y aumentar el uso de energías renovables. No obstante, lo que nació como una estrategia para la sostenibilidad, hoy corre el riesgo de convertirse en una forma de explotación para hacer negocio a costa de las energías renovables y comunidades locales. Por ejemplo, Chile, que a pesar de la resistencia por parte de algunos Pueblos Indígenas ha implementado diferentes políticas para competir en el mercado del litio y además convertirse en un productor de energía renovable. Por lo tanto, es fundamental planificar una transición justa que minimice los efectos negativos en las zonas más vulnerables mediante procesos de consulta previa y debida diligencia.
Además, una transición justa debe ir acompañada de un cambio hacia un consumo energético más responsable, especialmente en los países del Norte Global, que actualmente enfrentan una crisis energética. Esta crisis ha sido provocada por una combinación de factores geopolíticos, económicos y climáticos, como la guerra en Ucrania y las tensiones en Oriente Medio, que han afectado el suministro de gas natural y petróleo. Los precios de la energía se han disparado, provocando mayor inflación lo que ha afectado la estabilidad económica de muchos países. Por lo tanto, es indispensable tomar conciencia sobre nuestro estilo de vida, ya que el cambio hacia las energías renovables no será suficiente si la explotación de los recursos necesarios para esta transición no es sostenible.
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Para que la transición energética sea realmente justa, debe planearse con una visión social y territorial. Esto significa llevar a cabo procesos de participación ciudadana y talleres que permitan a los participantes desarrollar las habilidades necesarias para participar adecuadamente, sobre todo en comunidades vulnerables y en territorios habitados por Pueblos Indígenas. Esto se debe a que en ocasiones algunos grupos vulnerables son excluidos de los procesos participativos por falta de conocimientos, preparación previa o incluso acceso a tecnología.
En este sentido, la participación ciudadana es clave para que tanto las políticas energéticas de los gobiernos como las estrategias de sostenibilidad de las empresas sean legítimas y aceptadas. Además, esta participación puede ayudar a generar acuerdos que permitan que todos los actores involucrados se beneficien de la transición.
Un aspecto fundamental es la consulta indígena, que no solo es una buena práctica, sino una obligación legal. El Convenio 169 de la OIT establece que los pueblos indígenas deben ser consultados de forma previa, libre e informada, y que estas consultas deben permitirles influir realmente en las decisiones que les afectan.
Además, conceptos como la "democracia energética" (Scherhaufer in Feldpausch-Parker, et al., 2022) promueven la idea de que el consentimiento debe ser monitoreado y puede cambiar si las circunstancias lo requieren, es decir, son procesos continuos donde las personas tienen influencia directa sobre las decisiones en cada etapa de los proyectos.
La participación tanto de los ciudadanos como de los pueblos indígenas asegura que las diferentes voces sean documentadas, escuchadas y consideradas en el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, estas herramientas deben diseñarse para que generen resultados vinculantes y no sean únicamente espacios de opinión. La construcción de confianza conlleva tiempo, lo que no es un indicador de fracaso. Al contrario, la búsqueda de soluciones a largo plazo puede ayudar a mejorar las relaciones entre los actores involucrados y, por consecuencia, proyectar transiciones justas para las personas más afectadas.
En conclusión, la transición energética es un proceso complejo que requiere la participación activa de los ciudadanos y Pueblos Indígenas, así como la voluntad política de los Estados. La inclusión de los Pueblos Indígenas en los procesos de transición energética no solo es un imperativo moral y legal, sino que también podrá aportar conocimientos tradicionales y perspectivas únicas que pueden ayudar a enriquecer las soluciones existentes. Solo a través de la transparencia, la colaboración y el compromiso de todos los actores dentro de la sociedad se podrá alcanzar un futuro energético sostenible y seguro. Este esfuerzo colectivo no solo contribuirá a mitigar el cambio climático, sino que también promoverá un desarrollo más justo y equitativo para todos.
* Dra. Evelyn Uribe
Investigadora en la Universidad de Glasgow en Escocia. Licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey. Maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Mora y un Doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Glasgow. Además, cuenta con experiencia en el área de Sostenibilidad, Derechos Humanos y Laborales, Transición Energética y Pueblos Indígenas.
** Mtra. Anaíd Linares
Profesional en Relaciones Internacionales con más de 10 años de experiencia en vinculación interinstitucional, cooperación académica y desarrollo de alianzas estratégicas. Ha colaborado con universidades, organismos internacionales y agencias de cooperación, promoviendo iniciativas con enfoque en sostenibilidad, educación y política pública. Actualmente coordina programas binacionales entre la Universidad de California y actores clave en México.