“Cuando un país (EU) pierde muchos miles de millones de dólares en comercio con prácticamente todos los países con los que hace negocios, las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar”, posteó en X el presidente Donald Trump en 2018.
Desde que asumió la presidencia, Trump ha mantenido una guerra arancelaria con México, China, Canadá, la Unión Europea, India y Turquía. También ha amenazado a Argentina y Brasil, y, naturalmente, a Rusia, con quien no ha logrado acordar una tregua en la guerra contra Ucrania. En este caso, ha planteado la posibilidad de aplicar aranceles de entre el 25% y el 50% a las exportaciones de petróleo ruso, bajo el argumento de que es necesaria una transición de régimen en Ucrania.
Estados Unidos mantiene además sanciones económicas estructurales contra Rusia, Irán, Corea del Norte, Venezuela y Cuba. Ha amenazado a los miembros de los BRICS por su propuesta de crear una moneda común para desafiar la hegemonía del dólar, y también ha sancionado a empresas como Repsol, Total, Huawei, TikTok y DJI, acusándolas de operar con gobiernos antagonistas o de violar sanciones secundarias.
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La guerra económica moderna utiliza herramientas con alta precisión y efectividad: congelamiento de activos, restricciones financieras, sanciones dirigidas y aranceles. Este nuevo arsenal es posible gracias a la hiperglobalización de los años 90, que integró a China y Rusia al sistema financiero internacional y a las cadenas de suministro globales.
En este contexto, Estados Unidos ha optado por militarizar los puntos críticos del sistema global, como el dólar, que sigue siendo la moneda de reserva mundial. Esta condición permite a Washington financiar déficits presupuestarios sostenidos sin presiones inmediatas de inflación o crisis fiscal.
Sin embargo, un dólar artificialmente fuerte encarece las exportaciones y afecta negativamente a la industria estadounidense. Aquí se manifiesta una paradoja estratégica: mientras Trump insiste en mantener la supremacía del dólar como arma geoeconómica, su principal asesor económico, Stephen Miran, propone devaluar la moneda y aplicar aranceles significativos —de entre 20% y 50%— para corregir desequilibrios comerciales y revitalizar la base industrial.
Miran incluso sugiere impulsar un acuerdo internacional —similar al Acuerdo Plaza de 1985— para coordinar la devaluación del dólar y corregir los desequilibrios monetarios globales. Este enfoque buscaría negociar directamente con Europa y China una reestructuración del sistema financiero internacional. Pero este movimiento podría ser una trampa estratégica: bajo la presión de Washington, aliados y competidores podrían terminar dándole la espalda a Estados Unidos, optando por sistemas financieros paralelos.
Si bien la guerra económica es vista como una herramienta de presión, Estados Unidos enfrenta hoy su mayor riesgo estructural: la pérdida de confianza en el dólar como moneda de reserva. Cada vez más países clave buscan diversificar reservas, cadenas de suministro y alianzas, acelerando un posible desacoplamiento del sistema financiero occidental. A esto se suma la volatilidad fiscal, una deuda pública que muchos consideran impagable y la presión creciente sobre las tasas de interés. Paradójicamente, una guerra económica descontrolada podría desembocar en una nueva ola de inflación, que sería —curiosamente— oro para sus adversarios estratégicos.
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