¿Es posible que se pueda acusar al Estado mexicano de cometer robo contra sus propios trabajadores? ¿Es tal su fuerza que, desde el Ejecutivo Federal, controlando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Poder Legislativo de los años 2007 y 2008, haya pasado por encima de los derechos adquiridos de los servidores públicos?
Estas preguntas rondan hasta hoy, después de haber transcurrido exactamente 18 años, cumplidos el 31 de marzo, día en que se publicó un decreto confeccionado en 2007 en los entramados del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos y de la Presidencia de la República, encabezada entonces por Felipe Calderón Hinojosa, en abierta alianza con dirigencias sindicales incrustadas en la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).
Confección que contó con los votos de sus aliados en el Partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y, por supuesto, en el Partido Acción Nacional. Asestaron uno de los golpes más severos en contra de los trabajadores al servicio del estado de toda su historia.
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El cuestionado decreto fue publicado un sábado 31 de marzo de 2007, anunciando que entraría en vigor el 1° de enero de 2008. Fueron cientos de miles de trabajadores al servicio del estado quienes presentaron amparos contra la abrogación de la ley del ISSSTE del 23 de diciembre de 1983. Las instalaciones del Palacio de Justicia del Poder Judicial de la Federación estaban colapsadas, también de los Juzgados de Distrito de todo el país.
Los amparos de los trabajadores llegaban hasta en tráileres desde varias partes del país, auxiliados en centenas por medio de los llamados diablitos. Eran filas inmensas de trabajadores y abogados cargando sus amparos. Nunca antes se había visto a servidores públicos de diversos sectores sindicales, abogados laborales y organizaciones de derechos humanos unirse en contra de una reforma venida del Estado mexicano, que despedía lumbre en perjuicio de sus derechos pensionarios.
El corazón de la agresión consistió en destruir el concepto de salario para efectos de calcular la pensión al momento del retiro. La pensión en la ley abrogada otorgaba el 100% del promedio del salario recibido por el trabajador en activo durante el último año, así como el sueldo presupuestal, la compensación y el sobresueldo que hubieran recibido los trabajadores estatales.
La anterior ley del ISSSTE abrogada definía en su artículo 15 al sueldo básico como “la suma del sueldo presupuestal, la compensación y el sobresueldo”. La nueva ley confiscó, anuló todos los elementos adicionales al salario cuota diaria, y cubrió la pensión únicamente con este salario disminuido, al que llamó: “sueldo básico”.
Esta medida legislativa desconoció derechos adquiridos de servidores públicos quienes estaban sujetos a la anterior ley del ISSSTE, que protegía los derechos integrales de su salario. No importó que, al momento de la publicación de este atropello legislativo, hubiera trabajadores con 24 años de cotización, listos para jubilarse, y a quienes de un golpe se les cancelaron sus derechos acumulados por años, sin dejar abierta la opción de permanecer en el sistema anterior.
Fueron tiempos de una Suprema Corte indigna, que avaló todos los atropellos en contra de las pensiones de los trabajadores estatales consumándose la privatización del sistema de pensiones para el retiro de los trabajadores al servicio del Estado.
Esta reforma fue dictada desde el exterior, por los sectores financieros mundiales, para que los ahorros pensionarios no fueran manejados a partir de 2008 por el gobierno, sino por financieras privadas a través de cuentas individuales que les llamaron AFORES, con fines de lucro.
La ley de 2008 rompió la solidaridad social, el efecto redistributivo y la provisión pública del sistema de salud y de pensiones.
Fueron tiempos donde lo importante era la ganancia de intereses privados y no el beneficio social. Estas afores privadas siguen colgadas en la usura, avaladas por esa infausta ley del ISSSTE de 2008, que, a pesar de todos los reclamos, permanece hasta nuestros días.
¿Los derechos de los trabajadores importan? La respuesta es clara: Para el gobierno calderonista, los legisladores panistas, priistas y ecologistas, así como los ministros de la toga caída de ese entonces, no.
La pregunta que queda: ¿Cuál será la respuesta gubernamental de los nuevos tiempos?