Muchos se preguntan qué fuerza interna tienen los maestros para luchar por sus derechos porque se les ve por miles manifestándose en todo el país. Exigen la revocación de la ley del ISSSTE de 2007, que afectó derechos de los trabajadores al servicio del Estado convirtiendo sus ahorros en pensiones de miseria.
Una docente del estado de Quintana Roo me comentaba que su fuerza venía de la mirada de los niños, sus sonrisas, sus preguntas constantes, sus cantos, sus juegos, de la manera como aprenden, el que no dejan de crecer en todos los sentidos. Pero también de la ignominia de los gobiernos panistas y priistas que los trataron tan mal al torcer sus derechos, como si fueran sus enemigos.
Los ministros de la cuestionada Suprema Corte de Justicia de la Nación sirvieron de encubridores de gobiernos guiados por el Banco Mundial para avalar el golpe en contra de trabajadores del Estado. El mandato de esa instancia financiera era convertir la pensión a su mínima expresión y hacerla inalcanzable para la mayoría de los servidores públicos.
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El problema de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007 es mucho más grave porque estableció que la base de la pensión fuera exclusivamente con el sueldo básico sin incluir todos los ingresos percibidos como trabajador, entre ellos sus prestaciones y compensaciones a su salario.
Esta medida, en la mayor parte de los casos, ha representado una disminución del 50 al 70% a las percepciones que debe recibir un trabajador del Estado que decide pensionarse.
Así aparecieron como estrellas de cine, en el año de 2008, la entonces ministra Olga Sánchez Cordero de la mano de Genaro David Góngora Pimentel e ilustres juzgadores, como Margarita Beatriz Luna Ramos, Sergio Valls Hernández, Georgina Laso de la Vega, entre otros, quienes avalaron que los trabajadores del Estado carecían de derechos adquiridos. Que sin pretexto alguno debía aplicarse esta nefasta ley del ISSSTE del año de 2007 de manera retroactiva en su perjuicio.
Pero las agresiones de los ministros de la toga caída continuaron sin cesar. El primero de enero de 2021 entró en vigor la reforma a la Ley del Seguro Social que instauraba el pago de las pensiones por medio de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Apenas 48 días después, el 17 de febrero de 2021, por medio de una votación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros avalaron, contradiciendo la Constitución, que el pago para los trabajadores al servicio del Estado fuera mediante UMAS de manera regresiva.
Los ministros de las UMAS desfilaron con garrote en mano para romper toda referencia al concepto de salario en el pago de las pensiones de los trabajadores: Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas, Javier Laynez Potisek, y Yasmín Esquivel Mossa, esta última a quien sectores conservadores de Morena la quieren como presidenta de la no tan ilustre Suprema Corte de Justicia.
Sin existir una razón jurídica sustentable establecieron que el pago de las pensiones de los trabajadores del Estado debería tener un límite en UMAS, y no en salarios mínimos generales, como sostiene la Ley del ISSSTE.
Esta medida ha sido una de las razones de la protesta magisterial porque, en lugar de que el tope sea igual a $278.80 de Salario Mínimo General por 10 veces, resultando la cantidad de $2 mil 788, el límite a la baja ahora es de $113.14 (valor de la UMA) multiplicado por 10, y resulta una cantidad mínima de $1,131.4.
Esta decisión de los ministros significó disminuir el 59.41% de sus ingresos pensionarios, con tan solo el golpe de un martillo en los pulidos escritorios de los ministros.
El problema es de una dimensión mayúscula. Martí Batres, el nuevo director del ISSSTE, ha encontrado una institución con serias limitaciones presupuestales y además, convenios heredados con empresas privadas que desnaturalizan la seguridad social proporcionada por el Estado mexicano.
Con cifras aproximadas hasta junio de 2024, diversas entidades gubernamentales debían al ISSSTE 88 mil 522 millones de pesos, el equivalente a cuadruplicar el presupuesto del metro de la Ciudad de México.
Ha sido el propio Estado mexicano el que ha abandonado al ISSSTE que atiende a más de 13.5 millones de derechohabientes; sus tiendas, que eran una referencia de economía, fueron cerradas por falta de apoyo. La construcción de viviendas quedó paralizada, hay falta de modernización de los equipos médicos y de los hospitales desde hace años y está varada la contratación de personal médico.
Eliminar las UMAS en la seguridad social y restaurar los derechos que tenían los trabajadores al servicio del estado antes de 2007 para recibir una pensión digna, es una necesidad urgente que debe atender este gobierno.