El domingo pasado las redes se llenaron de candidatas, candidatos y de amigos de candidatos a ocupar algún espacio del Poder Judicial. Desde los videos muy bien producidos y las fotos de estudio, y hasta la propaganda más absurda posible, un nutrido grupo de abogados está en campaña dentro de un proceso que de antemano se podría calificar como una farsa y que además demuestra lo poco familiarizados que estamos los mexicanos con la composición y funcionamiento del Poder Judicial.
Algunos temas que se ven a partir del inicio del proceso:
- La campaña inició entre el absurdo y la comedia. Lo que pretendía ser una estrategia para legitimar la reforma judicial por la vía de una elección ha demostrado improvisación, amiguismo, contradicciones internas y un preocupante tufo autoritario. Organiza el INE pero no se ve que tenga mucho control y mientras algunos candidatos sortean las balas en Sinaloa, otros (o más bien otras) lo hacen en eventos ostentosos y masivos que justifican (tanto ellas como el INE) en invitaciones de grupos como sindicatos… de los que es totalmente ilegal recibir apoyos o bien deberían hacerle eventos iguales y todos y quiero ver eso.
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- Aplicar la ley y ser cercano al “pueblo”, es el mantra de la elección, pero eso es básicamente lo que uno espera de un juzgador, lo que cambia es la capacidad, el historial académico, la experiencia y bueno los vínculos… y lo digo en todo el sentido de la palabra, sean positivos o negativos. Los compromisos políticos o criminales, los parentescos y padrinazgos…
- Las entrevistas que he escuchado, incluyendo a ministras en funciones, demuestran por qué no se eligen jueces en ningún lugar civilizado del mundo y entre presumir libros escritos, ser cercanos al oficialismo y tener experiencia, lo que queda claro es que es una elección donde el fraude está presente en todo: en los eventos no justificados (y no contabilizados como gastos), en las relaciones de la mayoría de los candidatos (que van de ser palomeados por Zaldívar a ser parientes directos como Batres o la hija de Sánchez Cordero), en el desconocimiento de la forma y lugares de votación, en la falta de participación de ciudadanos para las casillas, en que se contarán los votos en el INE y no serán los ciudadanos, en las desafortunadas declaraciones de la presidenta del INE, en la esperanza de la movilización de acarreados para que alguien quede y en el afán de parecer de Morena (para ser beneficiario de los acarreados).
- Se colaron perfiles sumamente cuestionables, abogados ligados al crimen organizado, jueces acusados de abuso sexual, una especie de “sacerdote” del culto de “La Luz del Mundo” (a esos que Ebrard y Batres les abrieron Bellas Artes poco antes de que encarcelaran al líder en Estados Unidos por abuso de menores) y también como puntera en las encuestas la actual ministra pirata, esa que además de plagiar sus tesis demandó a quienes la denunciaron y hasta hace unos día había conseguido que los multaran con 15 millones de pesos (parece que se suspendió esta ridiculez).
- El problema parece simpático cuando uno ve a las candidatas ganando terreno por belleza o los lemas ridículos, pero en realidad es un problema de fondo. Es hacer una burla de los jueces, magistrados y ministros, es supeditar al Judicial a la política y es acabar con la credibilidad del INE por organizar una elección claramente fraudulenta que acabará con su mermado prestigio (que empezó a decaer con la llegada de Taddei).
- Como punto final, acaba siendo muy simpático ver a la presidenta Claudia Sheinbaum proponiendo leyes contra el nepotismo mientras todo Morena es un ejemplo de familias empoderadas… los Batres, los Taddei, los Alcalde, los Monreal y los López (Obrador), además en cada estado de la República es igual, pero con familias locales. Quizás por eso se calentó el debate y aunque la aprobaron la patearon dos trienios.
La farsa se hace más evidente con cada día que pasa y la elección judicial va a quedar en la historia como un gran espectáculo, un espectáculo que se hizo para ocultar la venganza contra los jueces y para justificar la clara vocación autoritaria de un gobierno que ya acabó con órganos autónomos y está acabando con la división de poderes.