Elon Musk, el “hombre” más rico del mundo, declarado así por la revista Forbes en mayo de 2024 y reiterado en enero de 2025, ha sido colocado por el presidente Donald Trump a la cabeza del Departamento de Eficiencia Gubernamental del gobierno estadounidense, conocido comúnmente como DOGE, tanto por sus siglas en inglés como por hacer alusión a la criptomoneda denominada Dogecoin, de la cual el empresario ha referido a través de sus redes sociales en el año de 2021, denominándola como “La criptomoneda del pueblo”, lo que provocó un incremento exponencial de su valor.
Bajo la figura de “empleado especial del gobierno”, que le permite desempeñarse en el puesto por un tiempo de 130 días sin un salario gubernamental asignado, el magnate ha conformado un grupo de trabajo, en su mayoría por jóvenes ingenieros del sector tecnológico que han tenido vínculos con sus empresas SpaceX y Tesla (de acuerdo con información de WIRED y CNN), con el objetivo de mejorar la tecnología y el software federal para maximizar la eficiencia y productividad gubernamental.
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Las estrategias de DOGE contemplan el mayor recorte de gasto público de la historia de Estados Unidos y una remodelación de las agencias gubernamentales, conforme la visión del mandatario estadounidense. Hasta este momento se ha puesto prioridad en eliminar aquellos programas o políticas relacionadas con temas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI). El ejemplo más significativo ha sido la suspensión y posterior cierre de USAID que, de acuerdo con el Departamento de Estado, se había “[…] desviado desde hace mucho tiempo de su misión original de promover los intereses de Estados Unidos en el exterior y […] los fondos no se alinean con los intereses nacionales fundamentales”. Por su parte Trump los acusó de promover la izquierda en el mundo.
De acuerdo con los medios CNN y The New York Times, las represalias comenzaron después que dos altos funcionarios de USAID se negaran a proveer el acceso a los sistemas de seguridad y de información personal ante agentes de DOGE, lo que provocó ponerlos en licencia. Además, la respuesta por parte del presidente fue la orden ejecutiva del 1 de febrero de congelar la ayuda exterior por un periodo de 90 días, la cual fue ignorada por 60 funcionarios y que provocó el cierre inmediato de la agencia. Lo anterior representó el despido de más de 10,000 funcionarios alrededor de 128 países, la pérdida del 43% de la ayuda de oficial para el desarrollo a nivel internacional y el retiro del fondo para la Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), entre otras.
La premisa del actual gobierno “Estados Unidos es primero”, es la justificación para la reconfiguración de Departamentos como el de Educación, de Energía, de Salud y Servicios Humanos, que está cambiando los sistemas de atención y poniendo de frente la agenda política contra los DEI al interior de EU. También, permite que DOGE solicite el acceso a información crítica, como son archivos, bases de datos y sistemas informáticos confidenciales, de 11 agencias de gobierno federal, que incluye la información del personal y de los registros públicos de la población.
Los efectos de la captura corporativa estadounidense
Pero ¿por qué está sucediendo este fenómeno? En palabras de Max Stier, el presidente y CEO de Partnership for Public Service se está insertando la mentalidad del mundo corporativo de Silicon Valley de ‘romper y luego arreglar’ para la toma de decisiones. Las prácticas empresariales se comienzan a insertar en la toma de decisiones, como la creación del Chatbot Gsai para la administración de Servicios Generales que pretende hacer uso de la información registrada por DOGE para la determinar cuáles puestos son necesarios y cuáles no, así como estrategias de para la reducción de costos.
Todo lo mencionado anteriormente es lo que se denomina como “captura del estado”, o captura corporativa en este caso particular, un proceso de manipulación de los procedimientos formales (como las leyes y las instituciones de gobierno) y la burocracia gubernamental, por el sector privado para la maximización de beneficios económicos o políticos de dicho sector.
El caso de Elon Musk es el mejor ejemplo, pues tras el apoyo a la reelección de Donald Trump a partir de mayo de 2024 (con un total de $119 millones de dólares) se vio beneficiado con un crecimiento exponencial de las acciones de sus empresas a partir de noviembre de 2024 (cuando fue anunciada la victoria de Trump), lo que le llevó a romper el récord de patrimonio neto de 347,800 millones de dólares.
A esto se suman los contratos gubernamentales con las empresas de SpaceX y Tesla, así como la posición de autoridad para alcanzar intereses personales, en tanto que al ser un “empleado especial del gobierno” no es funcionario y únicamente debe rendir un informe confidencial de divulgación financiera, como lo ha sido al presentar la solicitud directa a la OPM para el contrato de 20 funcionarios de tiempo completo en DOGE del 20 de enero de 2025 al 4 de julio de 2026, por una cifra total de 4 millones de dólares (según información de CNN).
Para los defensores del trabajo de DOGE, se menciona que no es un fenómeno nuevo, pues es una política neoliberal que apareció desde el gobierno de Ronald Reagan con la creación de la Comisión Grace, que emitió más de 2,000 recomendaciones de reformas gubernamentales. Sin embargo, lo que preocupa es la falta de transparencia con la que opera DOGE, el conflicto de intereses que se mezclan entre el papel de actor público y privado de una figura como Elon Musk, la persecución política de actores que no forman parte de esta élite política y los efectos que puede tener en la clase media y en la población en condición de pobreza.
Jair Asaf* es Maestrante en Cooperación Internacional para el Desarrollo del Instituto Mora. Licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM. Profesor e investigador en temas de Política Internacional Contemporánea, Norteamérica, Medio Ambiente y Cooperación Internacional.