A pesar de los muchos esfuerzos que realizó el gobierno de nuestro país, algunos sin precedentes, para convencer al presidente Donald Trump de que desistiera en su intención de aplicar aranceles del 25% a los productos mexicanos que entren a Estados Unidos, nada fue suficiente. No bastó con el despliegue de 10 mil elementos de la Guardia Nacional para detener el flujo de personas migrantes a ese país lo que sin duda contribuyó a que, en palabras del propio Trump, en febrero se registrará el menor número de cruces fronterizos ilegales.
Tampoco la detención de más de 13 mil personas por delitos de alto impacto incluyendo a algunos líderes y operadores de los cárteles –que en el sexenio anterior no habían sido tocados–, la incautación de drogas, precursores químicos y armas, así como el desmantelamiento de decenas de laboratorios clandestinos y, ni siquiera, la entrega de 29 capos entre los que se encontraba Rafael Caro Quintero, a quien reclamaban desde hace 40 años para ser juzgado y purgar su condena allá. De hecho, en su primer discurso ante el Congreso, Trump se jactó de que México había enviado a 29 criminales para tratar de tenerlos contentos gracias a sus políticas arancelarias, pero sostuvo que es mucho más lo que debemos hacer para detener el flujo de fentanilo y drogas hacia el país vecino.
Uno de los principales argumentos de Trump para justificar su decisión de imponer aranceles a México es precisamente que cada año mueren más de 70 mil estadounidenses por sobredosis de fentanilo que se produce y llega desde México, y que los grupos del crimen organizado operan con total impunidad llegando a controlar cada vez más zonas territoriales cerca de la frontera con Estados Unidos, e incluso acusó directamente al gobierno de nuestro país de ser cómplice de las organizaciones criminales.
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Si bien no se puede negar el gravísimo problema que tenemos en cuanto a la inseguridad y violencia provocada en buena medida por los cárteles, cuyo poder y capacidad operativa se ha seguido expandiendo, lo que solo puede explicarse por la protección de cuerpos policiales y funcionarios gubernamentales de distintos niveles –cuando menos es de celebrar que por los motivos que sean, el gobierno de nuestro país esté dando un giro importante para enfrentar a la delincuencia organizada–, se debe dejar claro que la responsabilidad de cuidar su frontera y lo que por ella ingresa es totalmente del gobierno de los Estados Unidos, el cual no está haciendo lo que le corresponde.
Además, como lo ha dicho Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, hace falta mucho más que la colaboración de México para combatir el comercio de fentanilo, pues aunque en un escenario utópico se pudiera acabar con el narcotráfico en nuestro país, mientras la demanda siga debido a los altos niveles de adicción entre la población estadounidense, sobre todo en jóvenes, siempre habrá otro país que la satisfaga por lo que gran parte la solución se encuentra dentro de Estados Unidos.
Aun con el enorme despliegue militar y de agencias policiales que ha ordenado el presidente Trump en la frontera con México, lo cierto es que el fentanilo y otras drogas siguen entrando a Estados Unidos sin mucho problema, son transportadas por sus carreteras, almacenadas y distribuidas en sus ciudades a través de cientos de miles de puntos de venta para llegar a las personas consumidoras y los cárteles operan a sus anchas en su territorio, sin que el gobierno estadounidense esté haciendo gran cosa para impedirlo. Al parecer todo sigue igual en ese país, no tenemos noticias por ejemplo de cuantos narcotraficantes han detenido, cuantas organizaciones criminales han sido desmanteladas, cuanta droga incautada o que están haciendo para atender las adicciones en su población y por tanto disminuir el consumo, por lo que no es exagerado decir que, más allá del discurso, Trump está fracasando en aquello que exige a otros países.