Gobiernos van y vienen, los partidos en la oposición denuncian los casos de corrupción gubernamentales y se comprometen a combatirla si son favorecidos por el voto, sin embargo, cuando acceden al poder generalmente incurren en las mismas prácticas que antes condenaban. Con sus matices, en ocasiones con un poco más de pudor y en otras con mayor descaro, lo cierto es que la corrupción en nuestro país sigue siendo un mal endémico que parece no tener fin.
Apenas en diciembre de 2024, compartí en este espacio una investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en la que daba cuenta de las principales prácticas de riesgo que se identificaron en las compras públicas del gobierno federal durante 2023, como la celebración de contratos por alrededor de 5 mil 500 millones de pesos con empresas que habían sido sancionadas por incumplimiento, o que habían sido creadas poco tiempo antes por lo que no podían acreditar experiencia o la calidad en sus servicios o productos e incluso, con empresas fantasma que solo existen en papel, además de privilegiar la adjudicación directa e invitación restringida que debían ser excepción, para no convocar a licitaciones públicas.
También comentamos que, conforme al Índice de Percepción de Corrupción de la organización Transparencia Internacional, nuestro país se había estancado al obtener prácticamente la misma calificación de 2020 a 2023 con 31 puntos sobre 100, colocándose en el lugar 126 de los 180 países evaluados. Sin embargo, lejos de mejorar, lamentablemente en 2024 sufrimos un importante retroceso de 14 sitios al ubicarnos en el lugar 140 con solo 26 puntos, lo que representa nuestra peor calificación en las últimas tres décadas, con lo que se pone en entredicho el discurso de honestidad enarbolado por el ex presidente López Obrador desde su campaña y a lo largo del sexenio.
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Aunque este índice se construye a partir de las percepciones de corrupción en el sector público utilizando datos de diversas fuentes como el Banco Mundial, empresas especializadas en evaluación de riesgo, así como grupos de expertos, es coincidente con lo que arrojan las encuestas, con lo que experimenta la gente por ejemplo al realizar un trámite o simplemente al circular por la vía pública, y también con los resultados de las evaluaciones que cada año realiza la Auditoria Superior de la Federación.
Hace unos días la ASF entregó su informe sobre la revisión de la Cuenta Pública 2023, en la que se encontraron irregularidades por más de 50 mil millones de pesos del presupuesto federal, lo que, según Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad equivaldría a que cada hora se usaran irregularmente 5.9 millones de pesos. Es de mencionar que la mayor parte de estos recursos sin comprobar, más de 40 mil millones de pesos, se trata de recursos federales que se gastaron de manera concurrente con los estados en rubros como salud, seguridad, educación o infraestructura, siendo el Estado de México, Tabasco, Nuevo León, Baja California Sur y Morelos los estados con más irregularidades, mientras que los 11 mil millones restantes se detectaron sobre todo en el Tren Maya, el IMSS, BIRMEX y PEMEX.
Habrá que esperar los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2024 que fue año electoral, para poder tener un panorama completo de la pasada administración, pero lo que está claro, es que no habrá ley, sistema, mecanismo o institución que realmente pueda prevenir y combatir la corrupción, en tanto no haya conciencia plena sobre sus perniciosos efectos y, sobre todo, la determinación política en ese sentido.