Múltiples versiones se difundieron para explicar la inédita decisión del gobierno mexicano de entregar, a 29 narcotraficantes recluidos en cárceles mexicanas, a las autoridades norteamericanas.
La “no extradición” generó todo tipo de suspicacias, sobre todo por la negativa del gobierno anterior y la resistencia histórica de los delincuentes a ser extraditados. Las explicaciones oficiales las dio una representación el gabinete de seguridad, integrada por el secretario de seguridad, el fiscal general de la República y los secretarios de la defensa y marina, aclarando que la presidenta Sheinbaum no tuvo nada que ver.
El fiscal general dijo que el traslado se fundamenta en el artículo 89 de la constitución y el artículo 5o de la Ley de Seguridad Nacional. En estos ordenamientos se establecen las facultades y obligaciones de la presidenta de la República, para preservar la seguridad nacional ante cualquier amenaza a la integridad y la estabilidad política del país; y “disponer de la totalidad de la fuerza armada disponible…para la defensa de la seguridad interior y exterior de la Federación”. Si la presidenta no tuvo que ver, la declaración la deja al margen de una decisión fundamental y de una de las más delicadas responsabilidades de su cargo.
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También se dijo que la entrega fue hecha a solicitud expresa de los Estados Unidos, conforme a una lista con nombre y apellidos, sustentada en la Convención de Palermo, sobre Delincuencia Organizada Transnacional. Que, en respuesta a la solicitud, se convocó de emergencia al gabinete de seguridad nacional y que ahí se tomó una decisión colegiada.
Sin embargo, llama la atención la inmediatez y sincronización de la entrega con la llegada de las delegaciones de ambos países, que ese mismo día, unas horas más tarde, se reunieron en Washington para revisar los avances en materia de seguridad.
Los responsables de la comunicación oficial se esforzaron por evitar especulaciones y deslindar a la titular del poder ejecutivo, pese a todo, la entrega quedó expuesta como una reacción coyuntural para evitar la aplicación de aranceles. Si esa fue la intención, fue una mala jugada, ante la amenaza cumplida con la entrada en vigencia de los aranceles a partir del 4 de marzo.
Algunos analistas han considerado que este histórico acontecimiento marca el fin de los abrazos con la delincuencia, lo que no necesariamente es así, no solo porque una golondrina no hace verano, sino porque el cambio de estrategia necesita ser confirmado por el gobierno federal y verificado por acciones subsecuentes que dejen claro el cambio de rumbo en seguridad.
Desde luego que toda acción estructural, encaminada a recuperar el estado de derecho y la seguridad de los mexicanos, merece reconocimiento y respaldo; lo que sería inaceptable es que la entrega haya sido el resultado de una reacción precipitada y un grave error de cálculo político ante la presión de los norteamericanos. De esto, sin duda, habrá señales.
Adicionalmente, hay preocupación por la reacción y los acomodos de la estructura criminal, lo que obliga al gobierno a confirmar su posición sin dar marcha atrás y a minimizar, con toda la fuerza del estado, los riesgos para la población general.