La etapa de campaña para las elecciones judiciales es un ejercicio inédito. Las autoridades electorales de nuestro país han dado su máximo esfuerzo para que estas elecciones sean exitosas.
Aunque las y los candidatos conocen el marco jurídico, aún hay muchas áreas de oportunidad y mejora. En esta entrega abordaremos algunas de las conductas permitidas y las no permitidas en las campañas para la elección de las personas juzgadoras.
La normatividad prohíbe expresamente contratar y/o adquirir espacios en radio y televisión; difundir propaganda electoral que contenga expresiones que constituyan calumnia o que vulneren el interés superior de la niñez; difundir cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona.
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También se prevé que la propaganda electoral será impresa en papel, reciclable, biodegradable y no contener sustancias tóxicas o nocivas para la salud o medio ambiente. Respecto a las encuestas, las candidaturas tienen prohibido realizar y difundir encuestas o sondeos de opinión, así como todo resultado que tenga como fin dar a conocer las preferencias electorales, dentro de los tres días previos a la elección y hasta el cierre de las casillas.
Respecto a los gastos de campaña, las candidaturas deberán reportar sus gastos al INE y abstenerse de recibir financiamiento público o privado, así como contratar empresas que no estén dentro del Padrón de proveedores del INE.
Finalmente, es importante hacer énfasis en la prohibición que tienen los partidos políticos, personas servidoras públicas, ministros de culto religioso y personas extranjeras de intervenir en las elecciones judiciales.
¡Hasta nuestra próxima entrega!