El 28 de febrero de 2025, en Barra de la Cruz, Oaxaca, fue asesinado Cristino Castro Perea. “Tino Castro”, como era conocido por los habitantes de su comunidad, se oponía a la privatización de las playas para fines turísticos. El defensor comunitario fue atacado por dos personas que viajaban en motocicleta mientras él estaba en el quiosco de su comunidad, ubicada en el municipio de Santiago Astata, en la región del Istmo. Este suceso se inscribe en un contexto de creciente violencia contra los defensores del territorio en Oaxaca, el cual en 2023 fue considerado el estado más letal para defensores comunitarios en México.
Históricamente, Oaxaca ha sido un territorio sometido a un modelo de saqueo y despojo territorial a través de megaproyectos, industrias extractivas y privatización de bienes comunes. Concesiones mineras, proyectos energéticos (hidráulicos y eólicos), así como la expansión de la industria turística generan conflictos sociales, políticos y ambientales en las comunidades oaxaqueñas. En el Istmo, por ejemplo, los parques eólicos han propiciado el despojo de tierras comunales, conflictos entre los habitantes y violencia contra quienes se oponen a dichos proyectos.
El asesinato de Tino Castro está inserto en una de las facetas de estas prácticas de despojo que experimenta Oaxaca: la privatización de territorios costeros para el turismo. Desde hace décadas, la costa oaxaqueña ha sido un territorio a conquistar por parte de la industria turística y hotelera, que busca transformar territorios comunales en destinos de lujo. Barra de la Cruz, donde Tino Castro luchaba contra la privatización de la playa, es un ejemplo claro de esta dinámica.
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Conviene resaltar que esta comunidad chontal ha resistido diversos intentos de despojo por parte de la industria hotelera. En 2013, personas financiadas por grupos vinculados al poder político y económico de la región intentaron apropiarse de al menos 24 hectáreas de terreno costero con el objetivo de venderlo a empresarios. Frente a esto, el Colectivo Defensores Ambientalistas de Barra de la Cruz, del que Tino Castro era parte, se consolidó como un grupo de defensa del territorio en la región istmeña. A pesar de la existencia de dicho colectivo, en febrero del 2022, otro intento de despojo se materializó cuando personas llegaron a la comunidad y destruyeron los manglares ubicados en el paraje conocido como El Nanche.
La lucha de Tino Castro no es un hecho aislado. En San Pedro Huamelula, también en el Istmo, la comunidad indígena de El Coyul ha denunciado varios intentos de despojo vinculados a un “cártel inmobiliario” (nombrado de esta manera por los habitantes), que busca apropiarse de 1452 hectáreas de tierras comunales que han sido preservadas de forma histórica por la Sociedad Agrícola y Ganadera El Coyul y demás miembros de la comunidad chontal. En noviembre del 2024, 21 habitantes de El Coyul que defendían su territorio fueron sentenciados a 15 años de prisión por despojo agravado, secuestro y otros delitos fabricados, además de ser obligados a pagar una reparación del daño por más de 55 millones de pesos.
Ante esta situación, las comunidades indígenas de El Coyul, Barra de la Cruz y Puente Madera, entre otras, en vinculación con organizaciones como la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio convocaron al Encuentro Global en Defensa de Playas, Manglares y Territorio realizado el 15 y 16 de marzo del 2025. El objetivo del encuentro fue generar un frente común contra el despojo de la zona costera de Oaxaca, impulsado por la expansión de la industria turística. La relación entre el asesinato de Tino Castro en Barra de la Cruz y los pobladores criminalizados de El Coyul es clara, ambos forman parte de una ofensiva de la industria turística contra los defensores comunitarios de la zona costera oaxaqueña.
La muerte de Tino Castro se agrega a una larga lista de defensores del territorio en Oaxaca que han sido asesinados: Héctor Regalado Jiménez (2013), Rolando Crispín López (2018), Eugui Roy Martínez (2020), Fidel Heras Cruz (2021), Néstor Iván Merino Flores (2022), Gertrudis Cruz de Jesús (2023), por mencionar algunos. A los cuales se les suma, además, desapariciones forzadas como la de Irma Galindo, defensora Ñuu Savi que protegía el bosque de los talamontes.
De acuerdo con el informe Entre el PRI y Morena: retrocesos, impunidad y simulación, elaborado en 2023 por organizaciones como Consorcio Oaxaca A.C., EDUCA A.C. y el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., entre otros, entre 2018 y 2023 se documentaron 47 asesinatos de defensores comunitarios del territorio en Oaxaca, lo que convierte al estado en el más peligroso de México para la defensa del territorio. Además, es importante mencionar que la mayoría de los defensores asesinados en el estado de Oaxaca pertenecían a un pueblo indígena.
A pesar de su incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Tino Castro fue asesinado, lo que evidencia el fracaso de estas estrategias gubernamentales para garantizar seguridad a los defensores comunitarios.
El asesinato de Tino Castro y la criminalización de las comunidades que defienden su territorio debe generar indignación. No podemos normalizar que la industria turística y demás proyectos extractivos estén cimentados en el despojo y en la sangre de quienes protegen su comunidad. La expansión de la industria turística es una forma de neocolonialismo que, bajo la idea de desarrollo económico, condena a muerte a quienes se atreven a desafiarla. La memoria de Tino Castro y de todos los defensores asesinados y desaparecidos exige justicia. Defender el territorio es defender la vida.
Giselle Arlette Velasco Matías*
Nacida en Pochutla, Oaxaca. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Mar (Huatulco, Oaxaca). Maestra en Sociología Política por el Instituto Mora (Ciudad de México). Estudiante del doctorado en Estudios del Desarrollo. Problemas y Perspectivas Latinoamericanas, por el mismo instituto.