Siempre hay una distancia entre las verdaderas políticas de atención a grupos vulnerables, y aquello que es simplemente política. Las cuotas son ejemplo de lo segundo.
Recientemente circuló una iniciativa de un par de integrantes del Senado de la República para favorecer que migrantes ingresen de manera temporal al Servicio Exterior Mexicano (SEM), con objeto de aprovechar su experiencia de vida y perfil profesional al momento de diseñar los mecanismos de atención a la comunidad migrante mexicana. Así, no suena mal. No me queda claro, sin embargo, por qué privilegiar su ingreso temporal y no permanente, es decir, de carrera. Brincar de una cosa a la otra. No sé si se tenga la impresión de que a los migrantes solamente les interesa ser cónsules un rato y ya. Pero hay dos cosas que siempre han existido: los miembros del SEM temporales y los migrantes trabajando en los consulados. Además de los cónsules, hay personal de apoyo que constituye la mayoría de la gente que se desempeña en esas oficinas. Ellos y ellas, efectivamente aplican su experiencia como migrantes en la atención a la comunidad mexicana, en coordinación con los miembros del SEM que son, para efectos prácticos, también otro tipo de migrantes. Parece que los senadores han concluido que la aportación de todos esos migrantes en los consulados es nula, y lo que quieren es crear una cuota migrante, aunque esto los ponga en riesgo.
Cónsules con antecedentes migrantes existen. Miembros de carrera del SEM han tenido esa experiencia de vida. Pero, parece que la iniciativa busca estimular a que personas actualmente en condición de migrante, sean propuestas como cónsules mexicanos especialmente en Estados Unidos. ¿Los senadores quieren que un migrante indocumentado haga pública su condición y así lo ponga en su solicitud de visa? A lo mejor no. Posiblemente la iniciativa, aunque no lo diga, se dirige a personas con alguna calidad migratoria temporal o permanente en Estados Unidos, o donde vivan. Pero entonces, ¿los senadores quieren que estas personas renuncien a la calidad migratoria que tienen (ya que por lo general no se puede tener dos) para ser cónsules un rato? ¿Y luego qué va a pasar con ellos? O a lo mejor están pensado en gente que ya haya obtenido la nacionalidad estadounidense, por ejemplo, para que no tengan ningún problema. Sin embargo, la legislación mexicana establece que para ser miembro del SEM se necesita renuncia a cualquier otra nacionalidad. No parece que los senadores hayan reparado en ese detalle.
Te podría interesar
Cuando no tomamos en cuenta los detalles de nuestras propias leyes, menos lo hacemos con los del Derecho Internacional o los de la ley en el país a donde vayan. La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (tratado internacional que fija las bases para estos temas) distingue claramente entre los funcionarios consulares que manda un país a otro, y aquellas personas que son residentes o ciudadanos en un país, pero que otro país quiere hacerlos sus cónsules. En ese caso, Estados Unidos, por ejemplo, puede decidir negar su reconocimiento como cónsules, o a lo mejor reconocerlos como tales, pero sin otorgarles inmunidad diplomática o consular alguna. Incluso, si decidieran conceder esa inmunidad, podrían retirarla en cualquier momento y de manera unilateral. La legislación estadounidense, y los criterios vistos para su aplicación, corroboran estos escenarios.
En virtud de esta iniciativa legal mexicana, estaríamos queriendo mandar cónsules a Estados Unidos que probablemente no fueran recibidos como tales en ese país, y en caso de ser aceptados, podrían no tener ninguna protección diplomática.
Y no es que la inmunidad de los cónsules sirva para protegerlos como diputados con fuero, sino porque esa inmunidad es la que permite a los cónsules involucrarse en asuntos y casos legales de mexicanos migrantes, sin que las autoridades de Estados Unidos, o del país que sea, puedan citarlos a declarar sobre el caso. La confidencialidad sobre los asuntos que conocieran podría estar en riesgo.
Entonces, para que estos cónsules pudieran funcionar apropiadamente, tendrían que renunciar a la nacionalidad o residencia estadounidense de manera definitiva, para convertirse en cónsul por un rato nada más. Como alternativa, esos cónsules (y para efectos prácticos el Consulado) tendrían que renunciar a contar con la confidencialidad de los asuntos que conocieran para poder mantener su residencia o nacionalidad en Estados Unidos ¿cuál es la ventaja para los migrantes?
La memoria es corta y mata la experiencia. Hace poco menos de 20 años, una migrante y activista mexicana deportada desde Estados Unidos, buscó y recibió apoyo de algunos grupos pro migrante para que México le diera calidad diplomática y pudiera regresar a ese país. No se pudo. Elvira Arellano tuvo que volver a migrar y entonces continuar con su labor activista, trabajo precisamente prohibido para un cónsul.
Crear cuotas resulta en muchas ocasiones la salida fácil para simular una inclusión sin mejorar el fondo del tema. Sin embargo, la idea siempre vende bien. Ya vimos a diputadas exclamando “¡no estás solo!” junto a un investigado por crímenes sexuales contra una mujer. Las cuotas de género en la Cámara aumentaron el número de diputadas pero no mejoraron las condiciones de la mujer sin poder. Estas expresiones, sin intención, acaban refutando el argumento de que las denuncias falsas por violencia de género son un mito.
Sobre Cancillería hay iniciativas sobre cuotas por condición migrante o género. En algunas ocasiones esas iniciativas no incluyen en lo absoluto mejoras a las condiciones ya existentes de los grupos que dicen buscar proteger, y en otros casos, claramente los perjudican. Formas y cantidades implican menos esfuerzo que fondo y calidades.