La amplia difusión que ha tenido desde hace ya más de dos semanas el descubrimiento de un centro de adiestramiento y, al parecer también de exterminio, que operaba en un rancho en Teuchitlán, Jalisco en el que colectivos de padres y madres buscadoras encontraron más de mil 300 objetos personales presuntamente pertenecientes a jóvenes víctimas de reclutamiento forzado, así como la jornada de luto nacional del pasado sábado en la plancha del Zócalo capitalino en la que se colocaron cientos de velas y pares de zapatos, y que se replicó en otras 20 ciudades; al igual que los testimonios de quienes lograron escapar de ese lugar o de familiares que en varios casos han identificado mochilas o prendas de sus seres queridos, han logrado que la crisis humanitaria por las desapariciones que había sido ignorada, finalmente esté en la agenda pública de discusión y también ha provocado que la sociedad empiece a recuperar su capacidad de indignación.
A pesar de los intentos por minimizar los hechos, responsabilizar únicamente al gobierno local, descalificar a las madres buscadoras -quienes también han sido amenazadas por el crimen organizado-, o insinuar que las imágenes que se han difundido pueden tratarse de montajes. Aun cuando pudiera haber muchas interrogantes sobre lo que realmente ocurría en ese rancho, no hay forma de negar la gravedad de la situación ante la desaparición de decenas de miles de personas que, según las mismas cifras oficiales, se ha incrementado en los últimos años. En algunos estados han rebasado el número de homicidios dolosos –de los cuales se han registrado más de 17 mil casos de niñas, niños y adolescentes–, o de las múltiples evidencias que sobre todo organizaciones de la sociedad civil han ido recabando respecto al destino que probablemente han tenido muchas de ellas. De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda se han localizado más de 5 mil 700 fosas clandestinas convirtiendo al país en un cementerio, y los centros de adiestramiento –en los cuales uno de los métodos para entrenar sicarios es la deshumanización de las reclutados– no son una invención.
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Al igual que, con toda razón, organizaciones, activistas y políticos entonces de oposición exigieron durante años el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa –que sigue siendo un asunto pendiente– y no dejaron que se olvidara, ahora tampoco debemos permitir que el horror de Teuchitlán caiga en el olvido. La exigencia de verdad, justicia y no repetición debe ir más allá de quienes estén en el gobierno –que se supone llegaron para atender los problemas del país–, de su imagen o cálculos políticos. La solidaridad con las víctimas y sus familias –que también son víctimas–, con su dolor y esperanza debe estar por encima de todo.
Las palabras que difundió la madre buscadora Cecilia Flores calan hondo: “espero que no vuelvan a decir que eran perros lo que ahí se quemaba, porque nunca hemos visto alguno que use calzado o narre el horror. No se puede permitir que jueguen con nuestro dolor, nuestros hijos si existen, nuestro amor es tan verdadero como el horror que se vivió en ese lugar. Pido a Dios que no escriban un capítulo vergonzoso de la historia al renombrar a Teuchitlán de centro de exterminio a pueblo mágico”.
Cuando menos el reconocimiento que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum hace un par de días, en claro contraste con el gobierno anterior, es una señal positiva que esperemos se traduzca en una necesaria y urgente rectificación. Por lo pronto habrá que revisar con detenimiento y dar seguimiento a las propuestas de reformas legislativas y acciones anunciadas, que deben pasar por poner en el centro a las víctimas y escuchar a los colectivos de padres y madres buscadoras, además de recuperar y fortalecer las capacidades institucionales de búsqueda e identificación que prácticamente fueron desmanteladas.