Ojalá fuera mentira, pero los trabajadores de todos los niveles de gobierno, federal, estatal, de la Ciudad de México y de los 2 mil 477 municipios que tenemos en el país sufren constantes violaciones a sus derechos laborales.
No solo porque son contratados de manera irregular mediante contratos de honorarios o mercantiles y sujetos a jornadas extenuantes sin pago de prestaciones ni seguridad social, sino también porque los que tienen un contrato de base sufren miserables salarios.
Los trabajadores de confianza ni siquiera gozan de estabilidad en el empleo, para conservarlo aceptan trabajar en promedio 14 horas diarias e incluso laborar en sus días de descanso.
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Ni siquiera tienen derecho a reclamar una indemnización o a ser reinstalados ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o los 31 tribunales burocráticos, porque en las legislaciones federal y estatales, este tipo de reclamos están cancelados.
Los tribunales laborales burocráticos de todo el país tienen excesivas cargas de trabajo, escaso personal a su cargo y bajos salarios. Son instancias marginadas por los gobiernos a las cuales no se les da importancia. A pesar de que los servidores públicos encargados de atender los reclamos de otros trabajadores del estado son sus similares, tampoco a ellos se les reconocen sus derechos.
Conozco tribunales burocráticos de todo el país. Todos sin excepción tienen instalaciones viejas, descuidadas, expedientes hacinados en el piso y personal rebasado en trabajo.
Los abogados litigantes y los trabajadores asistentes a esos lugares tienen que estar de pie por muchas horas, porque por regla general carecen de asientos para soportar las largas esperas. En estos espacios la ley silla no aplica para los usuarios de estos servicios que les llaman de justicia burocrática.
En materia burocrática no existe donde solicitar se realicen inspecciones de trabajo. Si a un trabajador le violentan sus derechos tiene que acudir a los tribunales y esperar años para que les den curso a sus demandas.
En sexenios pasados conocimos de expedientes que estaban guardados en cajas por años sin que se les hubiera dado curso. Algunos hasta 10 o 15 años de estar en las gavetas en donde las instituciones de gobierno demandaban la separación del puesto de los trabajadores mediante la anulación de su nombramiento. Las contralorías empezaron a intervenir y a ordenar que todos los casos rezagados empezaran a destrabarse.
Pude presenciar la cara de sorpresa de los trabajadores que hacía 15 años atrás su patrón gobierno les había demandado su separación y apenas se estaban enterando. Los funcionarios que los acusaban, muchos de ellos, ya ni siquiera laboraban en esos lugares. Parecen historias de una novela fantástica, pero lamentablemente no lo son.
En materia de salarios enfrentan los llamados “topes salariales”, los cuales siempre están debajo de la inflación. En este año, se anunció por parte de la SHCP que no habrá un aumento de salarios para funcionarios de “estructura” del gobierno, y los aumentos observados en sindicatos del apartado B, no llegan a alcanzar el 4%, por lo que sigue siendo insuficiente.
Los trabajadores de gobierno enfrentan gastos en educación (5.73%), salud (5.7%), en productos alimenticios básicos como leche, huevos, carne de res, pollo, frutas y verduras (10.74%), loncherías, fondas (5.59%), energéticos como gas doméstico o gasolina (6.42%), por lo que sus aumentos salariales siguen siendo insuficientes.
La perspectiva de este año 2025 en términos de inflación es que los costos de los productos básicos subirán, por los temas de cambio climático como sequías y desastres naturales, falta de inversión privada, y la gran incertidumbre causada por la política arancelaria del gobierno de los Estados Unidos.
Los incrementos a los salarios mínimos que han rebasado el 110% de los últimos cinco años no aplican ni benefician a los trabajadores al servicio del Estado, ellos son los olvidados de las políticas gubernamentales.
¿Hasta cuándo?