En México ya tenemos a la primera presidenta, con “A”pero ese solo hecho no ha cambiado la actitud de quienes integran el partido en el poder y sus aliados, quienes no dudan en proteger a un presunto agresor de mujeres y cubrirlo con el fuero constitucional, en vez de ser investigado como cualquier ciudadano.
Es el caso del diputado oficialista Cuauhtémoc Blanco, quien está acusado de violentar a una mujer, por cierto su media hermana, mientras se desempeñaba como gobernador de Morelos, lo cual pone en evidencia que en muchos ámbitos de la vida en México persiste el pacto patriarcal y la complicidad para proteger a un presunto agresor, en vez de someterlo al escrutinio de la justicia.
No puedo dejar de mencionar que el acusado se trata justamente de una figura pública tanto en la política como en el deporte, una persona que es incluso admirada por juventudes y personas aficionadas al fútbol, un hombre que, además, se ha desempeñado como gobernador de un Estado de la República.
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No es una persona más.
A esa figura política y deportiva, la mayoría oficialista de Morena y sus aliados PVEM y PRI decidieron protegerlo y mantener su fuero constitucional, para que sea más difícil que llegue hasta él la acción de la justicia.
Y es que algunas voces oficialistas han dicho que el legislador puede presentarse y defenderse de las acusaciones, pero con el fuero intacto.
Aquí no se trata de juzgar a priori ni de aventurar afirmaciones sin pruebas: se trata de respetar el derecho de la presunta víctima y que las investigaciones se realicen como marcan las leyes, sin beneficiar al presunto agresor.
Este triste episodio pone en evidencia cuánto nos falta aún como sociedad para avanzar en la desaparición de privilegios cuando se trata de juzgar delitos y más si esos delitos son contra mujeres.
Persiste en la sociedad mexicana ese machismo que debiera ser parte de la mitología añeja pero que en muchos estratos y regiones de nuestro país es una triste realidad cotidiana.
Mientras haya ese sentido machista en la política y la representación pública, que protege y solapa a presuntos agresores, ¿qué podemos esperar de nuestra sociedad en ciudades y pueblos?
En definitiva, se ha sentado un pésimo precedente y un mensaje de impunidad que salpica al oficialismo y a quienes han decidido ser cómplices en este episodio: tristemente, a pesar de que ya hay una presidenta con “A” al parecer no llegamos todas.