En México, hablar de salud mental sigue siendo un reto. A pesar de los avances en el ámbito médico y social, millones de personas enfrentan en silencio trastornos emocionales y psicológicos que alteran su vida diaria.
La depresión, la ansiedad, el estrés postraumático y otras afecciones similares han dejado de ser problemas aislados para convertirse en una problemática social que atraviesa edades, géneros y estratos económicos.
Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan una realidad alarmante: al menos el 15 por ciento de los mexicanos mayores de 18 años ha experimentado síntomas de depresión.
Te podría interesar
El Sistema Nacional de Salud, por su parte, reconoce que los servicios destinados a atender estas afecciones son insuficientes. Hay apenas 3.5 psiquiatras por cada 100 mil habitantes, cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de al menos 10.
Esa brecha en la atención se vuelve más evidente en comunidades rurales e indígenas, donde los servicios especializados son prácticamente inexistentes. En muchas zonas, los centros de salud carecen de personal capacitado para detectar trastornos mentales, y los tratamientos se limitan a recomendaciones generales o a la medicalización inmediata, sin terapias integrales ni seguimiento clínico.
La pandemia de COVID-19 agravó este panorama. El aislamiento, la incertidumbre económica y la pérdida de seres queridos profundizaron los cuadros de ansiedad y depresión. En el último trienio, las solicitudes de ayuda psicológica crecieron hasta un 30 por ciento en instituciones públicas. Aun así, el presupuesto asignado a salud mental representa apenas el 2 por ciento del total destinado a salud en el país.
El estigma social sigue siendo otro obstáculo. En muchas familias mexicanas persiste la idea de que acudir al psicólogo o al psiquiatra es sinónimo de debilidad o locura. Esta percepción no solo aleja a las personas de los servicios que necesitan, sino que contribuye al ocultamiento del sufrimiento. Muchos jóvenes, por ejemplo, optan por callar lo que sienten, lo que en ocasiones deriva en conductas de riesgo o, en los casos más graves, en suicidios.
El suicidio, precisamente, es una de las expresiones más trágicas del abandono institucional y social en materia de salud mental. Según cifras oficiales, cada día se quitan la vida en México al menos 18 personas. La mayoría son adolescentes y adultos jóvenes, entre 15 y 29 años, lo que refleja la urgencia de atender esta emergencia silenciosa.
Frente a esta realidad, distintas organizaciones sociales y colectivos ciudadanos han comenzado a generar espacios de acompañamiento emocional gratuito. Talleres, líneas de ayuda telefónica, círculos de escucha y redes de apoyo se multiplican, especialmente en las ciudades más grandes. Sin embargo, su impacto sigue siendo limitado frente a la magnitud del problema.
Urge una política pública nacional que reconozca a la salud mental como un componente esencial del bienestar social. No basta con campañas informativas; se requiere una reestructuración profunda del sistema de salud, con más profesionales, más centros de atención y un enfoque comunitario que incluya educación emocional desde las escuelas.
También es necesario que el gobierno federal impulse una Ley General de Salud Mental que garantice el acceso universal a diagnósticos y tratamientos oportunos. Esa legislación debe establecer derechos, obligaciones y mecanismos de vigilancia para asegurar que los servicios lleguen a quienes más los necesitan.
Mientras eso no ocurra, miles de personas seguirán cargando con un dolor invisible, esperando en silencio que alguien les escuche.
Porque la salud mental no es un lujo ni una moda. Es una necesidad humana que México aún no ha sabido atender como merece.