A partir de la reforma constitucional de 2014 que, entre otras disposiciones legales importantes, fue elevada a rango constitucional el principio de paridad de género, la mujer ha ocupado más posiciones de representación política, es decir, a pesar de que falta mucho por hacer, la paridad se está materializando.
Así, en la elección federal de 2018 en el Senado de la República casi se logra la paridad y en 2021, por primera vez en la historia de la Cámara de Diputadas y Diputados se alcanzó la paridad.
En la elección de 2024, finalmente contamos ya con un Congreso de la Unión paritario y, a nivel de los Congresos locales también son paritarios e incluso en varios congresos existe mayor representatividad de las mujeres. No obstante, a nivel municipal mucho queda aún por hacer ya que apenas cerca del 30% de las presidencias municipales son mujeres.
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Sin embargo, la presencia de la mujer en el registro de candidaturas, así como en cargos de elección popular ha traído consigo un fenómeno que es urgente erradicar: la violencia de género. Esto a pesar de varias legislaciones que se han edificado como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2010) y en abril de 2020 se publicó un decreto por el que fueron modificadas seis leyes generales y 2 federales para combatir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género a través de la tipificación de los delitos e ilícitos en la materia, así como la instrumentación de procedimientos sancionadores.
Esto dio vida a la denominada “3De3ContraLaViolencia” que establecía la prohibición de ocupar cargos de representación popular a quienes hayan sido sentenciados por violencia familiar, delitos sexuales y a los morosos en el pago de pensiones alimentarias.
Ahora bien, en mayo de 2023 se publicó un decreto por el que se modificaron don artículos constitucionales en el que se estableció que una “persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio pública”, en caso de los siguientes 8 supuestos, con lo que ahora se estableció la “#8De8ContraLaViolencia”: por la comisión intencional de delitos contra la vida y la inseguridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales; cuando afecte el normal desarrollo psicosexual; violencia familiar; violencia doméstica; violación a la intimidad sexual; violencia política de género y, por ser declarada persona deudora alimentaria morosa.
Bajo este contexto en el INE fue presentado en días pasados el Informe del Grupo Interdisciplinario sobre la implementación de la medida “#8De8ContraLaViolencia” en la elección de 2024, donde destacamos, entre otros, los siguientes aspectos:
- De las 2 autoridades federales y las 50 autoridades que se consultaron en el ámbito local de las 32 entidades federativas para diversa información relacionadas con la “#8De8ContraLaViolencia”, 4 no emitieron respuesta alguna.
- Se observó dilación de respuestas y, en algunos casos, la omisión total de las mismas que dificultó una revisión integral de la autoridad electoral a esta disposición constitucional.
- Se registraron 274 hallazgos relacionados con personas deudoras alimentarias; solo el 4% fueron confirmados como casos relevantes.
El Informe presenta una serie de recomendaciones que son importe que sean tomadas en cuenta para una auténtica verificación de esta medida, entre las que destacamos “un marco regulatorio robusto” (con plazos, definición de competencias, etcétera); delimitación de recursos humanos y materiales; el uso de tecnología avanzada para la sistematización de información, entre otras.
Es imprescindible que se dote al INE del presupuesto y de las herramientas necesarias para una auténtica verificación de la #8De8ContraLaViolencia con la finalidad de que no ingresen al poder público personas que estén en estos supuestos, máxime como representantes populares.
La correcta implementación de esta medida, sin lugar a duda, será un elemento fundamental para ir abatiendo este terrible fenómeno político que atenta contra las libertades y derechos de las mujeres y erosiona nuestro sistema democrático basado justamente en la defensa y potenciación de los derechos humanos.