El pasado 7 de marzo se celebró en nuestro país el Día de las Personas Juzgadoras como reconocimiento a que, en 1815 el Siervo de la Nación, José María Morelos y Pavón, instauró en Ario, Michoacán, el Supremo Tribunal de Justicia de la América Mexicana, institución consagrada a la defensa de la soberanía y a la justicia continental.
Con este registro se materializaron los tres poderes previstos en la Constitución de Apatzingán: el Legislativo, Ejecutivo y Judicial, cuyo objetivo fue el de garantizar derechos como la libertad, propiedad, seguridad, entre otros. Esto permitió sentar las bases jurídicas para determinar un sistema político republicano y un régimen democrático.
Por ello, el concepto de “Juez Mexicano” tiene su base en los “Sentimientos de la Nación” a través del vínculo que deben tener las y los jueces con la ciudadanía ya que éstos son los responsables de resolver las diversas controversias que se presentan en nuestra sociedad. Esto genera un equilibrio social, fundamental para consolidar un Estado de Derecho.
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Ante este panorama resulta necesario conocer algunas estadísticas representativas de cómo se encuentra nuestro país en el ámbito jurisdiccional para la adecuada atención de la población mexicana.
Al respecto, el INEGI, a principios de este mes de marzo, a través de los registros del Censos y Encuestas publicó datos por demás interesantes entre los que destaco los siguientes:
- En 2023 había 6,730 personas juzgadoras en los órganos jurisdiccionales federales y estatales en el país, es decir, existen 5.1 personas juzgadoras por cada 100 mil habitantes. En los órganos jurisdiccionales federales la tasa de personas juzgadoras fue de 1.2 por cada 100 mil habitantes en tanto que a nivel estatal fue de 3.9. ¿Son muchas? ¿Son pocas?
La media europea, por ejemplo, refiere que existen cerca de 20 personas juzgadoras por cada 100 mil habitantes y el estándar internacional refiere 65 personas juzgadoras por cada 100 mil habitantes de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Estamos muy lejos de estas cifras.
Esto permite comprender el rezago en el análisis y resolución de miles de expedientes que, de acuerdo con la propuesta de reforma al Poder Judicial del año pasado (conocido como Plan C) se hacía referencia a más de 40 mil expedientes.
- Respecto a la paridad de género de las personas juzgadoras en el ámbito federal tenemos que sólo el 29.4% son mujeres, en tanto que en el ámbito estatal las mujeres han alcanzado un 44.1%.
Tenemos aquí un aspecto positivo del actual proceso electoral judicial que, de acuerdo con lo acordado por el Instituto Nacional Electoral y ratificado por el máximo Tribunal en la materia, la elección deberá garantizar la paridad de género.
Finalmente, quiero referirme a otro dato que considero por demás relevante: la confianza que tiene la población de las personas responsables en impartir justicia.
El dato más representativo, de acuerdo con la información del INEGI, es que en 2024 el 60.5% de las personas de 18 años y más consideró que las y los jueces “inspiran confianza”, observándose un aumento de casi 7 puntos porcentuales entre 2016 a 2024.
En el análisis de las entidades federativas encontramos 8 entidades federativas debajo del 60% de confianza ciudadana: Jalisco (54.3%), Estado de México (56.2%), Michoacán (59.2%), Morelos (53.2%), Puebla (58.9%), Quintana Roo (55.3%) y Tlaxcala (57.9%). Llama la atención que la Ciudad de México se encuentre en el sótano ya que su resultado equivale a decir que el 55.8% de la ciudadanía no confía en las personas juzgadoras de dicha entidad.
Hasta aquí, los registros públicos del INEGI permiten observar al menos tres aspectos importantes: a) necesario revisar y analizar un posible incremento de personas juzgadoras de acuerdo con diversos indicadores internacionales; b) la impostergable implementación de la paridad de género en toda la estructura del Poder Judicial, y c) la determinación de evitar el rezago en el análisis de los expedientes, así como probablemente, ante el nuevo contexto de la renovación del Poder Judicial, el establecimiento de cursos especializados y permanente capacitación de las personas juzgadoras que eventualmente resulten electas para mejor proveer las necesidades jurídicas de la población, entre otras.
De atenderse éstas y otras consideraciones ya formuladas por diversos especialistas, sería lógico considerar que la población adquirirá de manera gradual mayor confianza en el Poder Judicial. ¡Veremos con el tiempo!