El Instituto Nacional Electoral (INE) surge con la reforma electoral de 2014 bajo los sólidos cimientos del otrora Instituto Federal Electoral (IFE). El Legislativo, determinó otorgarle más de 70 nuevas atribuciones relacionadas con la organización de las elecciones en México. Así, ostenta la responsabilidad de la planeación, desarrollo y operación de las elecciones federales y, en coordinación con los Organismos Públicos Locales (OPLE), de las elecciones locales.
Desde entonces, el INE ha caminado de la mano de los OPLE logrando la homologación de criterios, la organización conjunta de diversos procedimientos, la colaboración conjunta para llevar a buen puerto los procesos electivos, entre varias más.
En este sentido y como parte del trabajo permanente que el INE realiza, en sesión de su Consejo General, su máximo órgano de dirección conoció en días pasados el “Informe de seguimiento sobre la situación presupuestal de los Organismos Públicos Locales Electorales 2025”, mismo que desde hace cuatro años se viene presentando.
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Dicho informe revela la información de los anteproyectos de presupuestos que los 32 OPLE, que incluye el gasto operativo, gasto por proceso electoral ordinario o extraordinario del Poder Judicial Local, lo que fue requerido como financiamiento público de los partidos políticos, así como el presupuesto que los Congresos locales aprobaron para cada uno de estos rubros.
De los datos obtenidos, el INE hace una clasificación sobre los riesgos que algunos OPLE tendrían. Así, en color Rojo posiciona los OPLE que presentan un Riesgo alto, es decir, aquellos que tendrían “un impacto en los procesos electorales ordinarios o extraordinarios del Poder Judicial Local o sobre las actividades relacionadas con la operatividad respecto a sus atribuciones”.
En color Amarillo están todos los OPLE que presentan un Riesgo moderado que son aquellos que tendrían “un impacto en la ejecución de actividades relacionadas con las atribuciones de los OPLE”.
Ahora bien, el Informe de entrada, destaca que 24 institutos electorales locales presentaron reducciones a sus gastos. Los casos más graves de reducción del presupuesto solicitado por arriba del 50% se encuentran Puebla (-50.26%), Tamaulipas (-53.95%), Chiapas (-63.26%), Zacatecas (-65.91%), Nayarit (-66.55%), San Luis Potosí (-67.80%), y Colima (-68.92%).
El resultado de estos recortes llevó a los OPLE a realizar múltiples acciones que van desde la redistribución de su presupuesto, la solicitud de ampliaciones presupuestales (Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas) en tanto dos estados más (Chiapas y Yucatán) solicitaron recursos para el desarrollo de actividades ordinarias. Finalmente, Puebla solicitó recursos para la organización de elecciones extraordinarias en cuatro municipios.
Por su parte el OPLE de Colima impugnó ante el órgano jurisdiccional electoral local el presupuesto asignado por el Congreso local.
Bajo este contexto, y con base en la información reportada por los OPLE sobre su situación presupuestal con corte al mes de febrero, tres entidades federativas se encontrarían en Riesgo alto: Colima, Zacatecas y San Luis Potosí, en tanto que en Riesgo moderado los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán, Guerrero, Quintana Roo y Ciudad de México.
Sobre la situación presupuestal de los estados para las elecciones extraordinarias de los poderes judiciales locales, el Informe refiere la organización de 17 -ahora 19- procesos electorales judiciales locales, con lo resuelto recientemente por el INE en las que habrá elección para este fin.
Del Informe resalta nuevamente que los OPLE con Riesgo alto son los de Colima, San Luis Potosí, Zacatecas y al que se une Yucatán, al que únicamente le otorgaron la cuarta parte de los recursos solicitados, quienes no han recibido recursos adicionales para la elección judicial, además de que, como ya vimos, tuvieron recortes presupuestales importantes en relación con lo solicitado para su gasto ordinario.
Los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Tamaulipas y Tlaxcala se encuentran con un Riesgo moderado.
Los datos que este informe registra y que pueden ser consultados en línea, lo que da un panorama claro de cómo las instituciones electorales administrativas locales se encuentran, y con ello se trasgrede la esencia de nuestro sistema democrático y, en algunos casos, se podría incidir en la organización y desarrollo de procesos electorales judiciales.