El 8M es un referente de igualdad, de lucha, de concientización por los derechos de las mujeres; es un referente que nos permite visibilizar que como sociedad es necesario alzar la voz para seguir exigiendo vivir en una sociedad justa en la que la igualdad sustantiva sea una no solo la norma, sino también, el motor cultural del país.
En México, existen capítulos históricos que han ido pavimentando el camino hacia la igualdad de derechos de las mujeres. El terreno de la participación y representación política es, en mi opinión, uno de los más emblemáticos.
Es hasta 1953 que, luego de una reforma constitucional, se reconoció a las mujeres el derecho a votar y ser votadas en puestos de elección popular, lo que permitió su participación en las urnas en 1955.
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Desde entonces otras reformas han ido cerrando la enorme brecha que ha persistido para el pleno desenvolvimiento de las mujeres en el acceso al poder público. Cuarenta años después, en 1993 la legislación electoral “recomendaba” a los partidos políticos promover mayor participación de la mujer; en 1997 se dispuso que las candidaturas a diputaciones federales y las que correspondieran al Senado de la República, no debían de exceder del 70% para un mismo género; en 2002, se obliga a los partidos políticos a registrar, cuando menos, el 30% de candidaturas femeninas en las listas de cargos de elección popular.
A la par de la lucha de las mujeres, de la mano con diversas organizaciones de la sociedad civil fueron abriendo camino y venciendo las resistencias machistas que aún persisten, otras disposiciones legales fueron dando a luz, como la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres (2006), así como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2010).
Una reforma constitucional fundamental fue la que, en materia de derechos humanos (2010) que, entre otras consideraciones incorporó todos los derechos humanos de los tratados internacionales como obligatorios en nuestro país.
En 2014, finalmente, el Legislativo eleva a rango constitucional el principio de paridad de género para garantizar la postulación paritaria en las candidaturas. El resultado de esta normativa junto con Acuerdos del Instituto Nacional Electoral (INE) ,como de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), llevó a que en 2018 el Senado estuviera muy cerca de alcanzar la paridad, y en 2021 se alcanzara la misma en la Cámara de diputaciones a través de una regla de ajuste que propuse en el seno del Consejo General del INE que, desafortunadamente no fue aprobada, pero sí retomada por la Sala Superior que obligó al INE a aplicarla.
El resultado de la elección de 2024 se materializó en la integración paritaria del Congreso de la Unión.
Al principio constitucional de paridad de género se le sumaron las disposiciones legales como la de 2019 conocida como “Paridad Total” para garantizar la integración paritaria de todos los poderes y órganos del Estado, y la de 2020 que estableció la normativa jurídica para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de género, fenómeno que ha impedido a las mujeres desarrollarse a plenitud en el ámbito político y público.
Previo a la elección de 2024, una reforma aprobada en 2023 estableció la denominada #8De8ContraLaViolenciaDeGénero que determinó ocho supuestos por los que una persona candidata no podrá contener a un cargo de elección popular, ocupar un cargo, empleo o inclusive comisión en el servicio público si se le acredita violencia de género.
A finales del año pasado, fue aprobada una reforma presentada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum que busca no solo incrementar la representación política de las mujeres, sino también, asegurar que se implementen una serie de acciones, como son la generación de políticas públicas, para que atiendan las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres, con la finalidad de alcanzar una igualdad sustantiva.
Ante este panorama el INE, como casa de la democracia, será vigilante para que todos los actores políticos participantes en los procesos electivos que se desarrollen en México, tanto federales y locales cumplan con todas las normativas en materia de paridad de género, bajo esquemas de certeza y libres de violencia de género, de lo contrario, como consejera electoral, seguiré alzando la voz.