Auschwitz-Birkenau ha sido reconocido como “un valle de dolor y oscuridad… un lugar construido sobre el odio y el desprecio al ser humano… que los humanos no pueden entender… tan solo pueden pedir perdón por tanta crueldad… y exigir que nunca vuelva a suceder algo así” con estas palabras Juan Pablo II en 1979, Benedicto XVI en 20006 y Francisco en 2016 se han referido al lugar del holocausto, pena y vergüenza de la humanidad.
La sola idea de que algo cercano o parecido pueda volver a ocurrir, en cualquier lugar del mundo, más en nuestro país, estremece a cualquiera. Se necesita un grado de deshumanización y de alienación ideológica o política muy grande, para no indignarse y buscar, por todos los medios, la cercanía con las víctimas, la justicia y el combate a los responsables con toda la fuerza del estado mexicano.
El dolor de Teuchitlán ha despertado la indignación y la conciencia nacional. Ante la gravedad de los hechos, conocidos por una denuncia pública, miles de personas se movilizaron y llenaron las plazas con veladoras y zapatos en señal de exigencia de justicia y luto nacional.
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En tanto, las autoridades federales actuaron a la defensiva, de inmediato buscaron echar culpas a las autoridades locales y denunciaron una supuesta campaña para desprestigiar al gobierno.
En las últimas horas se han dado a conocer medidas adicionales para reforzar la búsqueda, penas equiparables al delito de secuestro para los delincuentes y un manejo más preciso de la información y el registro nacional de las víctimas de este delito. El nivel de exigencia social y la repercusión internacional de este caso, hace improbable que las autoridades recurran al maquillaje de las cifras, como se hizo en el gobierno anterior, o que intenten desvirtuar la información para evadir su responsabilidad en el combate de la delincuencia organizada.
Los hechos de Teuchitlán han puesto de relieve el drama humano de las desapariciones forzadas. Es preciso reconocer que en México, la desaparición de personas es generalizada y sistemática, las cifras oficiales registran más de 115,000 personas desaparecidas o no localizadas y, en muchos casos, hay evidencia suficiente de la naturaleza organizada de estos actos de violencia.
No escatimemos esfuerzo alguno ante el dolor insufrible de las familias que no han localizado a sus seres queridos, se trata de hechos que no han sido fortuitos, existen patrones de ejecución repetidos regularmente, orientados al adiestramiento y aniquilamiento de personas desparecidas, como los que se observan en el Rancho Izaguirre.
A estas alturas, de poco sirve al gobierno negar los hechos o repartir culpas, las desapariciones claman solución y justicia; tampoco ayuda la guerra de cifras, cuando los registros aumentan cada día y la cifra negra de desaparecidos y víctimas letales es superior al 93% de acuerdo al INEGI.
Actuemos con determinación y sensibilidad humana ante este dolor incomprensible, no es momento de cálculos políticos, las víctimas merecen la garantía de una investigación exhaustiva, transparente y con fuerza legal; y la población la protección del estado para asegurar que nunca vuelva a ocurrir algo así.