Aun cuando no se puede cantar victoria pues la amenaza de Donald Trump respecto a la imposición de aranceles del 25% a productos mexicanos sigue latente, justo es reconocer que la presidenta Claudia Sheinbaum ha manejado muy bien la compleja situación en que nos ha colocado el presidente del vecino país del norte al no caer en provocaciones, actuar con la cabeza fría y conseguir un valioso periodo de tiempo que, además de darnos un respiro al posponer cuando menos por un mes la que parecía inminente guerra comercial y política, abre la posibilidad de que se pueda resolver a través del diálogo y la cooperación, lo que no es cosa menor.
Mucho se ha discutido sobre las verdaderas intenciones de Trump, si realmente se trata de un asunto comercial y económico con la mira puesta en la próxima negociación del T-MEC, o efectivamente estamos ante un tema de seguridad por el tráfico de fentanilo, o lo que busca es más bien complacer a sus bases de apoyo, así como sobre los efectos que también traería para ese país la imposición de aranceles o el grave señalamiento respecto a la alianza del gobierno con los cárteles del crimen organizado -que es inaceptable en tanto no se presenten pruebas contundentes de tan delicada afirmación- y su denominación como organizaciones terroristas.
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Con independencia de los motivos de Trump, no se puede negar que nuestro país enfrenta un serio problema de inseguridad y violencia provocado en su mayor parte por los grupos del crimen organizado que actúan con enorme impunidad y se han hecho del control prácticamente total de una buena parte del territorio nacional. Algunas investigaciones señalan que controlan alrededor de un tercio de los municipios, imponiendo autoridades o sometiéndolas, teniendo a su servicio policías, agentes del ministerio público y hasta jueces e incluso interviniendo cada vez con más descaro en las elecciones, todo ello con el fin de traficar drogas, secuestrar, levantar y desaparecer personas, extorsionar y cobrar derecho de piso entre otras muchas actividades delictivas que les reditúan grandes sumas de dinero y enorme poder sin correr mayor riesgo.
Sin duda es urgente que de una vez por todas el gobierno de México enfrente a las organizaciones delincuenciales, desmantele sus redes de protección en las que participan funcionarios de los distintos niveles de gobierno sin distingo de colores partidistas, y combata la corrupción en las aduanas por las que entran drogas, precursores químicos, armas etc. Pero no se nos puede responsabilizar por lo que pasa en Estados Unidos, cuya población tiene un grave problema de adicciones y por tanto de consumo y demanda por lo que enfocarse solo en la oferta es claramente insuficiente para atenderlo y lograr que disminuya el número de muertes y afectaciones a la salud en aquel país.
Además, sería ingenuo pensar que en Estados Unidos no existen cárteles del narcotráfico o corrupción en sus autoridades, pues de lo contrario cómo se explica que las drogas entren por sus fronteras y puedan ser transportadas por todo su territorio hasta llegar a las calles sin que nadie se percate de ello, así como el lavado del dinero que se genera o la venta masiva de armas de alto poder que llegan a México abasteciendo a los grupos criminales -se calcula que más del 70% de los homicidios cometidos en nuestro país fueron con armas traficadas desde Estados Unidos-. En este contexto, se trata de una responsabilidad compartida y cada quien tiene que hacer lo que le toca.