La grave crisis de violencia por la que atraviesa Sinaloa, y particularmente Culiacán desde hace ya casi cinco meses, parece no tener fin a pesar de la intervención del gobierno federal ante la incapacidad de las autoridades del estado. La guerra entre el grupo criminal de los hijos de "El Chapo" Guzmán y el de "El Mayo" Zambada, que se desató a partir de la captura de este último el pasado mes de julio y su traslado a Estados Unidos en condiciones sumamente irregulares que hasta la fecha siguen sin ser aclaradas, ha causado cerca de 800 homicidios dolosos -apenas el lunes aparecieron cuatro personas muertas-, alrededor de mil desaparecidas, y 2 mil 700 vehículos robados.
Los enfrentamientos a plena luz del día y, por tanto, el temor de la gente a salir a la calle también ha provocado el cierre de 120 negocios y, según un representante de comerciantes, otros 3 mil están en riesgo de bajar las cortinas tan solo en el centro de la ciudad con la consecuente afectación al sustento de propietarios, empleados y proveedores.
El asesinato de dos niños de 9 y 12 años, así como de su papá, quienes fueron atacados a balazos mientras viajaban en su coche rumbo a la sindicatura de Imala en Culiacán, detonó la irritación social y, venciendo el miedo, la gente decidió manifestarse en dos ocasiones para hacer patente su indignación -que se acrecentó con las declaraciones del secretario de seguridad pública estatal al señalar que fue un hecho circunstancial ya que los atacantes no pudieron ver quienes venían en el vehículo por tener los vidrios polarizados- y exigir la salida del gobernador Rubén Rocha ante la falta de resultados para frenar la violencia.
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A poco más de tres años de haber asumido la gubernatura, Rocha se ha vuelto un lastre para el estado y también para su partido Morena que insiste en defenderlo, e incluso para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde su campaña en 2021, la ex subdelegada de programas federales en Sinaloa, Jocelyn Hernández, acusó al entones candidato de recibir apoyo de los cárteles del narco, además, el mismo "Mayo" lo involucró en la reunión en que lo levantaron -aunque el gobernador afirmó que en ese momento estaba en Los Ángeles, nunca pudo demostrarlo- y, contrario a lo que sostuvo la Fiscalía de Sinaloa respecto a que a Héctor Melesio Cuén, enemigo político de Rocha, lo mataron en un intento de asalto en una gasolinera, Zambada reveló que en realidad lo asesinaron en esa reunión como después se comprobó. Son muchos los señalamientos que ponen en duda su reputación.
A ello y a su manifiesta incapacidad al frente del gobierno, se suma la nula sensibilidad y falta de empatía con la ciudadanía y las víctimas de la violencia. Ante el secuestro en marzo de 2024 de 66 personas entre las que se encontraban familias enteras, Rocha Moya lo minimizó diciendo que “son cosas que pasan pero la gente no debe dejar de ir a las playas en semana santa”, recientemente aseveró que en Sinaloa se puede vivir perfectamente bien y que todo es parte de un estigma que se tiene del estado y, en respuesta a las consignas de “Fuera Rocha” durante las manifestaciones -que se extendieron al último partido de beisbol en el que jugaron los Tomateros de Culiacán-, el gobernador contestó socarronamente que “el pueblo pone y el pueblo quita, pero no los que gritan”. Tal parece que Rocha se siente intocable y le tiene sin cuidado la delicada situación que se vive en su estado y el creciente descontento social, por algo será.