La reciente reforma constitucional enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que propone una limitación al nepotismo electoral, ha sido presentada como una solución “contundente” para evitar que familiares directos ocupen los mismos cargos de elección popular. Sin embargo, esta iniciativa, lejos de abordar el núcleo del problema del nepotismo en el sistema político mexicano, se centra solo en un aspecto parcial y limitado de la cuestión, ignorando por completo las dinámicas más amplias de cómo el nepotismo se perpetúa en la administración pública.
La propuesta establece que un familiar no podrá suceder a otro en un cargo de elección popular hasta que hayan pasado tres años desde que el titular dejó el puesto. El verdadero problema no radica en la sucesión de un familiar en el mismo puesto, sino en cómo las redes de influencia y poder permiten que familiares, amigos y allegados accedan a diversos cargos públicos, sin importar si son de elección popular o no, y sin tener el mérito necesario para desempeñarlos. El nepotismo no se limita a la herencia de un cargo específico, sino que se extiende a la colocación de personas en diversas áreas del gobierno, lo cual asegura la perpetuidad de estas redes clientelistas y de poder.
Según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción, si la reforma que propone la presidenta hubiera estado en vigor desde el año 2000, solamente tres gobernadores de los 193 que han existido en ese periodo no habrían tenido la oportunidad de colocar a un familiar en el poder. El resto de los gobernadores, independientemente de su relación de parentesco con otros políticos, no habría sido afectado por esta reforma. Este dato es revelador: el nepotismo no se limita a los cargos de elección popular, sino que se esparce por toda la estructura política y burocrática, creando una red de privilegios que perpetúa el control de los mismos grupos, sin que los méritos sean la base para acceder a puestos públicos.
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Cabe señalar que en México el nepotismo ya está formalmente prohibido, tanto por la Ley Federal de Austeridad Republicana, promulgada en 2019, como por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ambas leyes tienen como objetivo frenar las contrataciones de familiares hasta el cuarto grado de parentesco en el servicio público. Sin embargo, como han demostrado los múltiples casos documentados a lo largo de las administraciones, estas normativas están plagadas de vacíos que permiten su elusión, ya sea por la falta de supervisión efectiva o por la interpretación flexible de sus alcances.
Lo que estas leyes y la reforma de Sheinbaum no abordan es el verdadero quid problema: las estructuras de poder que se alimentan de la colocación de amigos y familiares en diversos niveles del gobierno. Esas redes no solo se limitan a los cargos de elección popular, sino que operan de manera transversal, afectando tanto el servicio público como las instancias más cercanas a la toma de decisiones.
La reforma de Sheinbaum, en realidad, continuará permitiendo que se sigan perpetuando dinámicas de poder y corrupción. Si realmente se quiere combatir el nepotismo de manera efectiva, es necesario revisar las leyes de manera integral, cerrando los vacíos que aún existen y estableciendo mecanismos más estrictos para prevenir y sancionar la colocación de familiares y amigos en el servicio público, independientemente de si ocupan cargos de elección popular o no.
La verdadera reforma que México necesita no puede limitarse a un mero gesto simbólico, sino a un cambio profundo de la manera en que operan las redes de poder en el país.