El próximo 1ro de junio, México vivirá lo que se promociona como una "democratización" de la justicia, pero, en realidad, no será más que un gran fraude. Morena ha prometido una transformación del sistema judicial con la elección directa de jueces y magistrados locales y federales, así como ministros de la Suprema Corte, que, según ellos, devolverá el poder al pueblo.
El propio Instituto Nacional Electoral estimó que apenas el 8% del padrón electoral, es decir, unos 8 millones de mexicanos, acudirán a votar. Esto no solo refleja el desinterés generalizado de la población, sino que también evidenciará que la elección judicial es un proceso evidentemente diseñado para simular democracia.
Pero no solo el bajo nivel de participación pone en evidencia la falacia de esta "democratización". El sistema que el INE ha establecido para llevar a cabo esta elección está diseñado para garantizar que, aunque algunos voten, no lo hagan por todos los cargos, sino solo por algunos, de acuerdo a la distribución que determine el INE para cada cargo judicial federal. Este sistema resulta completamente contradictorio con la idea de democratizar el Poder Judicial, ya que los jueces y magistrados federales que se elijan en este proceso tendrán competencia no solo en los distritos en donde el INE asigne que deberán ser votados, sino en todo el país, anulando la posibilidad de que el país entero participe en una decisión que debería ser de todos.
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Es cierto que una votación para todos los cargos federales y locales haría que las elecciones fueran complicadas, con un sinfín de boletas para elegir a cientos de funcionarios. Pero, paradójicamente, este sistema es el único mecanismo que garantizaría una verdadera democratización de la justicia.
Lo que ocurre en países como Estados Unidos, donde los jueces se ratifican mediante elecciones, es que las votaciones se hacen a nivel local, no federal, lo que asegura que las personas que eligen a los jueces realmente tengan competencia sobre ellos, y que los jueces que resultan electos cuenten con legitimidad.
La realidad es que, con el esquema actual, los jueces y magistrados federales electos el primero de junio no podrán llegar a sus cargos con la legitimidad que se espera de una elección democrática. Estarán muy lejos de ser representantes del pueblo mexicano en su totalidad, pues solo unos pocos habrán decidido por todos. Sumado a la baja participación, se hace evidente que la reforma judicial no tiene como propósito democratizar la justicia, sino utilizarla como un instrumento para consolidar el control del poder Ejecutivo sobre el Judicial.
Al final, el 1ro de junio no será una fecha histórica para la democracia mexicana, sino un recordatorio de que el verdadero propósito de esta reforma nunca fue otro que el de cooptar el poder judicial en favor de la agenda del gobierno en turno.