El viernes 14 de febrero de 2025 terminamos la semana con los juzgados civiles y familiares de la Ciudad de México en paro. El motivo fue la pésima implementación del nuevo Sistema de Justicia Civil y Familiar que causó mucho daño en su primera etapa, pero parece que se ha frenado. Llevar un asunto civil o familiar en la Ciudad de México se ha vuelto muy complicado, la justicia está sufriendo en la ciudad y, al parecer, falta lo peor. El personal está completamente rebasado por la carga de trabajo y esto ha impactado en la calidad de la impartición de justicia. A las autoridades parece no importarle. En sus decisiones no toman en cuenta a los trabajadores o a los ciudadanos. Quién sabe con quien pretenden quedar bien.
El lunes (17 de febrero de 2025) el personal de salud salió a las calles a manifestarse por las malas condiciones de trabajo en el Sistema de Salud y la falta de los insumos más básicos para prestar servicios de salud. En los hospitales falta de todo, no sólo medicinas. El mito de la gratuidad se ha derrumbado. La salud en México es un privilegio. Muchos de nuestros gobernantes y sus familias no se atienden en los hospitales públicos. Los privilegios están más vigentes que nunca.
Te podría interesar
El gobierno utiliza la palabra neoliberal como un insulto; pero, sus políticas se parecen mucho a lo que critican. Prefieren darle algo de dinero a la gente a través de becas y programas sociales mientras desmantelan los servicios públicos del país. Es común escuchar a algunos abogados que sugieren el arbitraje, conciliación y medicación privados como alternativa al desastre que impera en la impartición de justicia en la Ciudad de México.
No estoy en contra de estos medios alternativos de solución de controversias, simplemente duele ver que la impartición de justicia en nuestro país se derrumba. Del mismo modo, el sistema de salud privado se ha convertido en la única opción para todos aquellos mexicanos que se han quedado sin lugar dentro de las instituciones públicas. No hablemos de la seguridad, esa hace muchos años que está privatizada y militarizada.
El país, poco a poco, se va quedando sin servicios públicos. Casi todos tienen algún apoyo económico, pero no servicios públicos. En México se está acabando lo público: seguridad, impartición de justicia y atención en salud, sólo la hay para quien pueda pagarla.
En la impartición de justicia nos encontramos antes dos reformas muy importantes: una local y otra federal. Implementarlas bien, al mismo tiempo, requiere de un gran presupuesto y organización. Ninguna de las dos cosas ha sucedido. En los juzgados civiles y familiares han comenzado a desaparecer juzgados y los mil o dos mil expedientes que se estaban tramitando en alguno de ellos pasan a otros juzgados de un día para otro.
¿Se imagina usted que de un día para otro le dupliquen su trabajo sin aumentar el número de trabajadores o mejorar las prestaciones? Lo que sucede en los juzgados de la Ciudad de México es inaudito. Los expedientes se llevan de un lado para otro; algunos se pierden, otros llegan incompletos, el personal que recibe los expedientes no sabe qué hacer con tanto trabajo y no cuenta con tiempo necesario para conocer su contenido. Por supuesto que esto lo paga el personal de los juzgados y, también, la ciudadanía. Recordemos que esos expedientes no sólo son hojas que se mueven de un lugar a otro: son el patrimonio de familias, el capital de una empresa, los alimentos de un menor, la esperanza de algunos de obtener una indemnización por algún daño que sufrió. Cada expediente que se retrasa es una persona pierde la esperanza en el estado de derecho.
Mientras eso sucede en los juzgados, en los establecimientos de salud nos encontramos ante una situación crítica de desabasto de medicamentos e insumos. Así como el personal de juzgado no sabe qué hacer con tantos expedientes, el personal de salud no sabe qué hacer con tantos pacientes y tan pocos recursos. El que nos hayan dicho que íbamos a ser como Dinamarca ahora parece una broma de mal gusto. En Dinamarca no se trata tan mal a los trabajadores, no se trata tan mal a los ciudadanos. Se nos prometió, al inicio del sexenio pasado, que se iba a basificar al personal de salud y, en lugar de eso, se contrataron a médicos cubanos para mantener bajos los salarios.
Como mencioné en mi columna previa, dos de cada tres recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el año 2024 están relacionadas con violaciones de derechos relacionados a la prestación de servicios de salud. Nuestro Sistema de Salud está colapsado y muchas de las medidas que se han tomado en los últimos años han sido un desastre. El ejemplo más catastrófico es la megafarmacia. El problema ahí no sólo fue la improvisación, sino la arrogancia con la que se anunció y se implementó. No se escuchó a nadie, a quien comentaba algo en contra se le humillaba, se le llamaba “facho” o algún otro insulto sin más contenido. Ahora nadie sabe qué hacer con ella y los cientos de millones de pesos tirados a la basura. El desabasto sigue y nadie es responsable por el desastre de la megafarmacia.
Es triste ver que en México existe una competencia por ver quién puede hacer más cosas con menos: la atención en salud o la impartición de justicia. Los dos sistemas de atención están colapsados, sin recursos. Los trabajadores comienzan a levantar la voz y las autoridades parecen olvidar que el poder no dura para siempre.