La reforma judicial ha generado un intenso debate en torno a si la elección popular de personas juzgadoras, magistraturas, ministras y ministros es la que México y su sistema judicial necesitan. Esta transformación busca democratizar el acceso al Poder Judicial y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de justicia. Sin embargo, como todo cambio estructural, presenta tanto oportunidades significativas como desafíos que deben ser analizados con detenimiento.
Lo positivo.
Sin duda la democratización y el acceso inclusivo a cargos del Poder Judicial promueve una mayor participación ciudadana en la configuración de las instituciones de justicia. Este mecanismo permitirá que candidaturas altamente capacitadas, que anteriormente enfrentaban barreras para acceder a estos cargos, puedan postularse y ser electos directamente por la población. Esta apertura es fundamental para diversificar el perfil del funcionariado judicial y garantizar una representación más amplia de la sociedad mexicana.
Aunado a ello, se fortalece la transparencia y rendición de cuentas, al someter a los nuevos cargos electos al escrutinio público mediante elecciones, lo que incentiva una mayor transparencia en sus actuaciones y decisiones. Ahora bien, esa necesidad de obtener y mantener el respaldo ciudadano puede motivar a los funcionarios judiciales a desempeñar sus funciones con mayor diligencia, ética y compromiso con la justicia, fortaleciendo así la confianza pública en el sistema judicial.
Te podría interesar
Desde luego que otro aspecto positivo será la renovación y modernización del Poder Judicial, los procesos judiciales electorales ofrecen una oportunidad para renovar las estructuras tradicionales del Poder Judicial, incorporando nuevas perspectivas adaptadas a las realidades contemporáneas. Esta renovación puede conducir a la implementación de prácticas más eficientes, al uso de tecnologías modernas y la adopción de perspectivas innovadoras en la administración de justicia, mejorando la eficacia y la respuesta del sistema judicial ante las demandas ciudadanas.
Los riesgos
Uno de los principales riesgos asociados con la elección popular judicial es la posible politización del Poder Judicial. La necesidad de campañas electorales podría exponer a las candidaturas a influencias partidistas o intereses particulares, comprometiendo su independencia y objetividad. Víctor Oléa, presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, advierte que esta reforma podría “erosionar la separación de poderes” y generar “jueces sumisos al poder público”.
Por ello, habrá que estar pendientes como autoridades, de la intromisión de partidos políticos y gobiernos, mediante estructuras para el apoyo y/o desvío de recursos públicos buscando apoyar a alguna candidatura.
Otro tema de riesgo, es que asuman personas sin experiencia a estos cargos, la apertura del proceso electoral a un amplio espectro de opciones, si bien inclusiva, podría resultar en la elección de individuos sin la experiencia o formación adecuada para desempeñar funciones judiciales de alta complejidad. La calidad de la justicia podría verse afectada si los criterios de selección no garantizaron la competencia técnica y ética de los aspirantes.
Un punto más de peligro, es la necesidad de financiamiento para campañas electorales, que podría hacer que los candidatos dependan de aportaciones externas, abriendo la puerta a la influencia de grupos de poder económico o incluso del crimen organizado. Esta situación podría comprometer la imparcialidad de las y los jueces, así como la integridad del sistema judicial en su conjunto, porque no todo el recurso gastado se va a reportar, ni tampoco su procedencia.
Sin lugar a dudas, la reforma judicial representa un esfuerzo ambicioso por democratizar y revitalizar el sistema judicial en México. Si bien ofrece oportunidades para una mayor participación ciudadana y transparencia, también plantea desafíos significativos relacionados con la politización, la preparación adecuada del funcionariado público judicial y la posible influencia de intereses externos. Es imperativo que se implementen mecanismos de vigilancia efectivos, en los que tendrán un arduo trabajo los Institutos, Tribunales y Fiscalías electorales, para asegurar que la reforma cumpla con sus objetivos sin comprometer la independencia y eficacia de la justicia en México.