El pasado 20 de junio, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para declarar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos y de otros países de la región, y aunque la designación oficial no ha sucedido, la semana pasada el diario estadounidense, The New York Times, publicó que el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, la Familia Michoacana y Cárteles Unidos, además del Clan del Golfo de Colombia, el Tren de Aragua de Venezuela y la Mara Salvatrucha salvadoreña, serán considerados grupos terroristas bajo la regulación creada tras el atentado contra de las Torres Gemelas y el Pentágono en 2001.
La orden ejecutiva que equipara a los cárteles y grupos criminales latinoamericanos con organizaciones terroristas como Al Qaeda, el Estado Islámico, Hezbolá, Hamas o Boko Haram, marca un punto de inflexión en la relación bilateral con México y en la estrategia estadounidense contra el narcotráfico basándose en que: “Los cárteles controlan a través de una campaña de asesinatos, terror, violación y fuerza bruta, casi todo el tráfico ilegal a través de la frontera sur de los Estados Unidos. En ciertas partes de México, funcionan como entidades cuasi-gubernamentales, controlando casi todos los aspectos de la sociedad. Las actividades de los cárteles amenazan la seguridad del pueblo estadounidense, la seguridad de los Estados Unidos y la estabilidad del orden internacional en el hemisferio occidental. Sus actividades, proximidad, e incursiones en el territorio de los Estados Unidos representan un riesgo de seguridad nacional inaceptable para los Estados Unidos.”
Las implicaciones de esta medida son significativas y van más allá de un simple cambio en la clasificación. En primer lugar, proporciona herramientas más robustas para la persecución de estas organizaciones dentro del territorio estadounidense y de cualquier individuo o entidad que les brinde apoyo material. Esto implica penas severas para quienes financien, asesoren o colaboren de cualquier forma con los cárteles designados. Además, el Departamento del Tesoro puede congelar activos de los cárteles y de sus colaboradores dentro de la jurisdicción estadounidense, lo que representa un golpe financiero directo a sus operaciones. También, cualquier individuo vinculado a estas organizaciones enfrentará restricciones migratorias, incluyendo la prohibición de entrada a Estados Unidos y la deportación en caso de encontrarse en el país.
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Además, esta medida podría fundamentar una intervención militar directa, (no necesariamente con soldados, pero sí con drones), en México, El Salvador, Colombia, Venezuela o cualquier otro país donde se considere que esos grupos criminales operen. criminal.
Como escribió Víctor Hernándes en El País, “Esta declaratoria activa todo el ecosistema jurídico y operativo que emergió de la furia y deseo de venganza de los estadounidenses tras la caída de las Torres Gemelas. El “Acta Patriota”, la “Autorización de Uso de la Fuerza Militar”, las “Técnicas de Interrogatorio Mejoradas”, todas las normas y prácticas que transformarían lo que en otra época sería considerado un estado de excepción en la realidad cotidiana del quehacer de la seguridad estadounidense.”
Aún es pronto para saber cómo se verá la implementación de esta orden ejecutiva, mucho dependerá de la cooperación que los gobiernos involucrados acuerden con los Estados Unidos. En el caso particular de México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que hay voluntad de cooperación más no de subordinación, una cooperación que además está incentivada por la amenaza arancelaria que será usada permanentemente por la administración Trump.
Con firmeza e inteligencia es posible y deseable construir una estrategia binacional que ayude a combatir eficazmente a los cárteles de la droga en ambos lados de la frontera: Estados Unidos trabajando en reducir el consumo y el tráfico de armas a México, y éste en contener la producción y el tránsito. La colaboración en este sentido sería, sin duda, en beneficio de ambos países.
*Politóloga e internacionalista. Expresidenta de la Cámara de Diputados.