Desde que se hizo pública la brutal agresión cometida por la influencer Marianne Gonzaga, así como su detención por haber atacado a Valentina Gilabert poniendo en grave riesgo su vida -incluso una semana después todavía no se puede asegurar que se encuentre fuera de peligro-, además de la natural indignación en la sociedad, se ha desatado un intenso debate sobre el castigo que merece la agresora, y de la ley de justicia penal que aplica para las personas menores de 18 años.
Para poner un poco de contexto, según la información que se ha dado a conocer, Marianne, quien vivía en Cancún con su hija de apenas seis meses, viajó a la Ciudad de México supuestamente para reunirse con José Said, su ex novio y padre de la bebé con quien había terminado varios meses atrás. Al enterarse de que Said estaba saliendo con Valentina, y que se encontraban en el departamento de una amiga común por lo que conocía la clave de acceso, aprovechó que José había salido a la tienda con otro amigo para entrar y, al parecer en un ataque de celos, darle aproximadamente 14 puñaladas a Valentina en la cabeza, la cara, el cuello, el torax, los pulmones y en una mano que le provocaron daños muy severos, por lo que tuvo que ser intubada y ha sido sometida a 9 cirugías.
Es decir, no se trató sólo de una reacción ante una discusión o pelea sino que actuó con toda premeditación, alevosía y ventaja. De acuerdo con videos que se han difundido en redes sociales y testimonios de personas que conocían a Marianne, no era la primera vez que reaccionaba con conductas sumamente violentas. En los círculos sociales en que se movía la influencer era conocida como una persona muy tóxica con la que había que tener cuidado.
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No obstante, a pesar de la gravedad de los hechos, conforme a lo que establece la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que parte del principio de la reinserción social y la reintegración a la sociedad, la duración máxima de una pena privativa de la libertad para las personas que tengan entre 16 y menos de 18 años de edad es de tan solo cinco años, lo que aplicaría en el caso de Marianne por tener 17 años. Cuando lo menos ya la vincularon a proceso por el delito de lesiones dolosas que deberá llevar en internamiento, pues existía la posibilidad de que la pusieran en libertad con alguna otra medida cautelar hasta que se determinara su responsabilidad -lo que hubiera sucedido si la acusación por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México hubiera sido por tentativa de feminicidio que no admite internamiento-, pues tratándose de adolescentes, la prisión preventiva solo se puede imponer como medida extrema.
Se entiende la inconformidad social ante un posible castigo que no corresponde al despiadado ataque contra Valentina y a los daños físicos y emocionales causados que no le será nada fácil superar, por lo que con razón se exige justicia para ella. Tampoco es sencillo explicar que a otro influencer, el Fofo Márquez, se le haya sentenciado con 17 años de cárcel por tentativa de feminicidio solo por ser unos cuantos meses mayor que Marianne siendo que, aunque también muy reprochable, la golpiza que le propinó a su víctima no se equipara a lo que hizo la influencer además de que no era tan clara la intención de matarla como si lo es en este caso.
Pero lo cierto es que expresamente la ley otorga un trato diferenciado a las y los adolescentes que cometen un delito, por lo que quizá no es mucho lo que se puede hacer para que se le imponga a Marianne un castigo mayor a cinco años de prisión como efectivamente ameritarían sus actos así como el riesgo que pudiera representar para la sociedad dados sus antecedentes, sin embargo, puede ser un buen momento para revisar los alcances de esta Ley, y probablemente incluir casos de excepción en que sea posible imponer penas más altas. Si bien comparto que el populismo punitivo no es solución, y que se deben buscar otras medidas para atender la creciente criminalidad en nuestro país, así como sus causas, se debe reconocer que existen casos extremos que exigen otro tratamiento.