Por fin la listas de quienes aparecerán en la boleta para competir por alguno de los 881 cargos judiciales a elegirse el próximo 1 de junio, están listas. Después de un accidentado proceso, sobre todo, para los que se inscribieron para ser seleccionados por el Poder Judicial que hasta el último momento concedió amparos para intentar detener el proceso, ya conocemos los nombres de los postulados por el Poder Ejecutivo y Legislativo también.
Si el reto de la definición de candidatos fue un reto, la organización de las elecciones lo será aún más y mucho me temo que esta elección, que se ha calificado como histórica porque por primera vez en la historia será el pueblo quien elija a los impartidores de justicia, en realidad, terminará en manos de los partidos, particularmente de Morena, que son quienes tienen capacidad de movilizar votantes a las urnas.
Y es que, si ya es difícil que las y los ciudadanos participen en elecciones que llevan décadas sucediendo como las de alcaldes, legisladores o gobernadores, al menos esta primera vez costará que haya una participación genuina para elegir cargos que poco se conocen como las “magistraturas de circuito” o las “magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”. ¿Qué hace un juez de distrito? ¿Qué es y qué hará el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial? Son las preguntas que las y los candidatos deberán intentar responder durante la campaña electoral.
Te podría interesar
Sin duda, este proceso puede y debería servir para realizar una tarea didáctica sobre cómo está organizado el Poder Judicial, sobre las funciones de cada integrante y sobre el impacto de su trabajo en cada uno de los ciudadanos. Sin embargo, los más de 5 mil candidatos no contarán con financiamiento público o privado para sus campañas, por lo que solo contarán con sus propios recursos para promocionarse. Esto hará muy difícil que por sí solos puedan ser conocidos por los ciudadanos y éstos a su vez, no contarán con la información de todos los candidatos para hacer una evaluación adecuada para decidir su voto, por lo que, de nuevo, la elección será definida en gran medida por partidos políticos o alguna otra organización, –incluso, criminal–con capacidad de movilización.
Por otro lado, las restricciones presupuestales que hay para la organización de las elecciones no son menores. El INE solicitó inicialmente un presupuesto de 40,475 millones de pesos para 2025, argumentando la necesidad de recursos para organizar estas elecciones y una eventual consulta popular. Sin embargo, la Cámara de Diputados aprobó un recorte del 33%, reduciendo 13,476 millones de pesos de los recursos solicitados. Ante este escenario, el INE aprobó ajustes a su presupuesto para garantizar la organización de las elecciones judiciales, aunque con un presupuesto reducido de 19,645 millones de pesos. Si bien, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha expresado su compromiso de que el Instituto estará listo para la elección de jueces en 2025, a pesar de las restricciones presupuestales, este recorte ha generado preocupación sobre la capacidad del INE para llevar a cabo el proceso electoral de manera óptima, y aunque no se ha especificado el número exacto de casillas que se instalarán para esta elección, se espera que la infraestructura electoral sea similar a la de procesos anteriores, adaptándose a las necesidades específicas de esta elección judicial.
Recordemos que el próximo 1 de junio elegiremos por primera vez a 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); a 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); a 15 magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF; a 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial; a 464 magistraturas de circuito; y 386 juezas y jueces de distrito.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Es la máxima autoridad judicial del país y se encarga de interpretar la Constitución, resolver controversias constitucionales y amparos de alto impacto, y garantizar el respeto a los derechos fundamentales.
Las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), resuelven impugnaciones en elecciones federales (presidenciales, senadurías y diputaciones), dictan criterios sobre la aplicación de leyes electorales y garantizan la legalidad de los procesos democráticos.
Las magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF conocen de impugnaciones en elecciones locales y federales de menor rango, actuando como una instancia intermedia antes de que los asuntos lleguen a la Sala Superior.
Los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial supervisarán la conducta de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, imponiendo sanciones en caso de faltas o irregularidades.
Las magistraturas de circuito resuelven apelaciones y amparos contra decisiones de jueces de distrito, actuando como una segunda instancia dentro del sistema judicial federal.
Las juezas y jueces de distrito son la primera instancia en el sistema judicial federal, resolviendo juicios de amparo, asuntos civiles, penales, administrativos y laborales de competencia federal.
Más allá de si coincidimos o no con la elección del Poder Judicial en 2025, esta ya está en marcha y se llevará a cabo por lo que es importante involucrarnos para tomar la mejor decisión posible llegado el momento.
*Politóloga e internacionalista. Expresidenta de la Cámara de Diputados.