México ha sido, en repetidas ocasiones, epicentro del espionaje internacional. Su geografía, su densidad diplomática y su importancia estratégica para Washington lo convirtieron, durante la Guerra Fría, en un punto privilegiado para operaciones de inteligencia. La KGB, la Stasi y los servicios cubanos operaban con libertad relativa en el país, que también funcionaba como plataforma de enlace para movimientos insurgentes y negociaciones discretas con la ventaja de estar cerca de Estados Unidos, pero fuera de su rígido esquema de contrainteligencia.
La CIA y el FBI también utilizaron México como un nodo operativo regional para Guatemala, Cuba, Nicaragua, El Salvador y Chile. Muchas de esas acciones fueron acompañadas por la DFS y, posteriormente, por el CISEN. Incluso el Mossad encontró interés en vigilar posibles redes de Hezbolá en América Latina. En ese contexto de entendimiento profundo con Washington surgió el programa LITEMPO durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, mediante el cual altos funcionarios mexicanos se convirtieron en activos de la CIA con el objetivo de frenar la expansión del comunismo, mantener control político interno y proteger los intereses económicos estadounidenses en la región.
La ecuación actual es distinta. En 2023, The Wall Street Journal reveló la existencia de una red de espionaje ruso sin precedentes en México. Fue detectada por el general Glen VanHerck, entonces comandante de NORTHCOM y también por el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD), quienes la consideraron riesgosa por su capacidad para influir y obtener acceso cercano a Estados Unidos desde territorio mexicano.
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Poco después trascendió que el gobierno anterior, en particular el entonces director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez Zapata, habría facilitado operaciones de la misión rusa, incluyendo presunta expedición de pasaportes mexicanos para agentes dedicados a la recolección de información. Muchos de ellos se habrían asentado en Tulum y Cancún, donde podían mezclarse con turistas como parte de su cobertura.
Naturalmente, la Ciudad de México siguió siendo un centro de operaciones. Según diversas fuentes, la presión aumentó tras la solicitud de Washington para expulsar a varios de estos agentes. Durante el sexenio pasado, lo único que se logró fue acceder a las credenciales diplomáticas de algunos de ellos.
Lo que no anticipaban los estadounidenses era que el entonces director del CNI -como trascendió en diversos medios- también habría compartido con los rusos las credenciales del personal estadounidense destacado en México. Las revelaciones publicadas hace unos días por The New York Times —a raíz de una lista entregada por la CIA al Gobierno de México con alrededor de una veintena de nombres— describen a estos agentes como “experimentados espías que habían participado en operaciones sofisticadas en toda Europa”.
El hallazgo no es menor, México simplemente tacho estos señalamientos de paranoia e hizo caso omiso, sin embargo, lo que parece no darse cuenta es que quedó atrapado en el centro de una trama que no le conviene, que de nuevo no inició este gobierno y que le supone la posibilidad de una desconfianza, al igual de cuando el entonces secretario de Estado Antony Blinken tuvo que venir a México para frustrar la propuesta rusa de instalar el sistema satelital ruso GLONASS, que es un sistema óptico electrónico de prevención de situaciones peligrosas espaciales en México con el beneplácito del gobierno, lo cual supuso un fuerte descontento y una importante llamada de atención. Las actividades encubiertas desarrolladas en nuestro territorio pueden encender una mecha que difícilmente se desactivará con la simple expulsión de diplomáticos.
Esto agrega presión a la relación bilateral entre México y Estados Unidos, que ha tenido claroscuros desde el inicio de las administraciones de la presidenta Sheinbaum y del presidente Trump. Basta echarle un vistazo al régimen de Nicolás Maduro, ante la posibilidad de su renuncia hoy el cambio de intereses del Kremlin haría incierta la posibilidad de que Rusia lo recibiera ¿Les suena?
Moneda al aire: ¿terrorismo en Michoacán?
La Fiscalía General de la República inaugura la gestión de su nueva fiscal, Ernestina Godoy, atrayendo la investigación del coche bomba en Michoacán, al cual ya ha catalogado como un acto terrorista. En paralelo, el estado estrena a su nuevo secretario de Seguridad Pública en medio de estos hechos.
Washington ha sido claro: menos persecución de responsabilidades individuales y más enfoque en desmantelar a los grupos criminales. Este cambio implica una transformación profunda en la lógica de la persecución penal, la procuración de justicia y la seguridad pública. Lo ocurrido en Michoacán podría marcar el inicio de esa nueva era.