En México enfrentamos un desafío que no admite demora: la rápida expansión de los vapeadores y cigarrillos electrónicos en un entorno prácticamente desregulado, donde la publicidad engañosa, los colores llamativos y la aparente inocuidad de estos dispositivos han capturado la atención de niñas, niños y jóvenes. Lejos de ser alternativas seguras, estos productos han aprovechado vacíos legales y la ausencia de estándares mínimos para operar con impunidad, sin trazabilidad, sin autorización sanitaria y sin asumir los costos sociales y de salud que generan. Ante este escenario, el Estado no puede permanecer inmóvil; por ello, he decidido votar a favor del dictamen que reforma la Ley General de Salud en materia de regulación de vapeadores, fortalecimiento institucional y modernización del sistema de abasto y vigilancia.
Esta reforma no surge de un impulso político, sino del mandato constitucional contenido en el artículo 4º, que garantiza el derecho humano a la protección de la salud. Cumplir ese mandato implica aplicar los principios de universalidad, gratuidad, progresividad, prevención y precaución, y el dictamen los materializa mediante un enfoque integral: proteger a la población frente a productos nocivos, robustecer a la autoridad sanitaria y modernizar los mecanismos mediante los cuales se abastecen medicamentos e insumos estratégicos en el país. Es una iniciativa que no se queda en la superficie, sino que reconoce el tamaño del problema y dota al Estado de herramientas reales para enfrentarlo.
Durante años hemos visto cómo los vapeadores se han arraigado en el mercado sin control ni estándares. Sus fabricantes y distribuidores se han aprovechado de la asimetría de información para posicionarlos como inocuos o incluso “benéficos”. Pero hoy sabemos el daño que producen, existe claridad sobre su composición, sus mezclas, sus esencias ni sus efectos a mediano o largo plazo en la salud. La no prohibición ha permitido que estos dispositivos lleguen directamente a manos de menores de edad a través de comercios formales, redes sociales y vendedores informales que operan sin restricción alguna. La salud pública no puede supeditarse a la mercadotecnia de quienes obtienen ganancias mientras trasladan al Estado los costos sanitarios de su negocio.
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El dictamen plantea objetivos específicos y alcanzables: reducir el uso de estos dispositivos entre menores, eliminar su oferta comercial, desarticular cadenas ilícitas de distribución y fortalecer la capacidad de inspección y sanción de la autoridad sanitaria.
También mejora el sistema de abasto de medicamentos mediante una contratación consolidada más eficiente y transparente, incorpora a la CONAMED para fortalecer la solución de controversias y actualiza el marco de hemoderivados y donación para garantizar mayor seguridad, biovigilancia y aprovechamiento socialmente responsable del plasma residual.
Este conjunto de cambios no solo fortalece a COFEPRIS con capacidades de vigilancia digital, verificación y tramitología expedita, sino que reafirma la rectoría de la Secretaría de Salud sobre la política sanitaria nacional y reconoce el papel fundamental del IMSS-Bienestar como prestador de servicios para quienes no cuentan con seguridad social. Se trata de una reforma que moderniza y unifica, que aporta claridad jurídica y que fortalece al Estado para proteger la salud de la población en un entorno donde las tecnologías y los mercados evolucionan más rápido que las leyes.
Por supuesto, toda reforma de esta envergadura implica riesgos: el desplazamiento del mercado hacia circuitos clandestinos, litigios estratégicos de la industria o limitaciones operativas en algunas instituciones. Pero estos riesgos están identificados y acompañados de medidas concretas de mitigación, como reforzar la inteligencia sanitaria, mejorar la trazabilidad, articular esfuerzos con plataformas digitales, preparar una defensa jurídica sólida y lanzar campañas de información claras dirigidas especialmente a jóvenes y tutores. Prever estos escenarios fortalece la reforma, no la debilita.
En un país donde la salud pública enfrenta presiones crecientes, fragmentar los esfuerzos o aplazar decisiones solo agrava los problemas. Esta reforma, en cambio, alinea prioridades, actualiza instrumentos regulatorios y coloca en el centro el interés superior de la niñez y el derecho constitucional a la salud. No se trata de una medida aislada, sino de una política pública integral que combina prevención, regulación, fortalecimiento institucional y modernización administrativa.
Por todas estas razones, mi voto es a favor. Votar en ese sentido no responde a una postura partidista, sino a la convicción de que proteger la salud, especialmente la de las nuevas generaciones, debe estar por encima de cualquier interés comercial. La aprobación de este dictamen representa un paso firme, necesario y congruente con la responsabilidad del Estado mexicano de salvaguardar el bienestar de su población. Confío en que su implementación será rigurosa, transparente y acompañada de mecanismos de evaluación y rendición de cuentas que aseguren su efectividad. Hoy damos un paso decidido hacia un país donde la salud pública se protege no con discursos, sino con acciones y reformas que atienden los desafíos reales de nuestro tiempo.