Las protestas llevadas a cabo por la Generación Z el pasado 15 de noviembre, fueron un grito ahogado por las medidas de “seguridad” de un grupo social precarizado, cansado de la violencia y de la indiferencia de su gobierno ante las necesidades que carecen en la sociedad. Jóvenes corriendo con temor, otros en el piso sometidos por los policías y unos más que son buscados por sus padres en carpetas de investigación… ¿Este es el costo de alzar la voz en México?
La respuesta del gobierno en turno ha sido clara: Una “maniobra política” de la oposición para manipular a los convocantes. Morena debería escuchar a esos jóvenes que piden su ayuda y dejar de menospreciar el valor que tienen para salir a las calles a exigir lo que sienten que les han arrebatado a lo largo de los años.
La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, señaló públicamente a uno de los convocantes de la marcha de la Generación Z por tener un contrato de servicios con el PAN, sugiriendo que todo fue una maniobra de la oposición… Más de 100 personas heridas, 40 detenidos sólo en la Ciudad de México, 17 carpetas de investigación en la Fiscalía… ¿esto también fue culpa de la oposición?
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El Universal reportó que Brian, un joven de 19 años fue detenido en la CDMX mientras trabajaba como repartidor; en Guadalajara, un padre denunció que su hijo fue violentado y arrestado porque desafortunadamente, su regreso a casa se cruzó con esta marcha “pacífica”. A esto se le suman videos en redes donde los jóvenes acusan agresiones por su apariencia. El panorama fue claro, violencia hasta para quienes no estaban protestando.
Por si esto fuera poco, la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó la apertura de 18 investigaciones internas por presuntos excesos de la fuerza policial durante la marcha de la Generación Z. Acción Nacional advierte que la combinación de indolencia frente a las causas de la protesta y autoritarismo frente a quienes protestan sigue el mismo patrón peligroso: primero se instala la narrativa de la amenaza interna; luego vienen las detenciones masivas y el uso desproporcionado de la fuerza.
El mensaje que se da es que protestar cuesta, y aún más si eres joven, pobre o indígena. Se tendría que aceptar que estos jóvenes crecieron bajo promesas incumplidas de seguridad, educación, salud y empleo digno, pero no, el gobierno prefiere acusarlos de ser “títeres” de la derecha o de intereses oscuros.
Las máximas autoridades no se dan cuenta de la gravedad de este asunto, de una deriva autoritaria que castiga en lugar de dialogar y que no se permite en lo más mínimo una autocrítica. Esto sólo deposita desconfianza en su gobierno y abre heridas generacionales que, de no comenzar a actuar, serán difíciles de cerrar.
Lo ocurrido el 15 de noviembre se asemeja a lo que se vivió aquel 2 de octubre de 1968, uno de los hechos que más han manchado la historia de nuestro país. La Generación Z no es una amenaza que deba ser contenida a golpes, sino una generación que, como en el 68, está pidiendo algo tan básico como ser escuchada.
Acción Nacional reprueba enérgicamente los hechos de represión suscitados, los excesos policiales y la criminalización del disenso, por lo que, de entrada, denunció ante la Fiscalía General de la República las detenciones arbitrarias de jóvenes de la Generación Z.
Acción Nacional reclama que se tiene que hacer un cambio no sólo de discurso, sino de estrategia para el contacto directo con la sociedad, especialmente con la Generación Z. Que el compromiso sea acompañar a los jóvenes, mucho más a aquellos que enfrentan procesos penales que se cuestionan y se conviertan así en aliados en la defensa de sus derechos humanos.
Para comprender a los jóvenes, hay que estar en los lugares donde se encuentran, en las calles, las universidades, las colonias y los espacios digitales. Se necesita una agenda enfocada en seguridad, salud mental, movilidad social, oportunidades laborales justas y un derecho a protesta sin represión.
El PAN exige que el gobierno federal no use más la fuerza como principal escapatoria y que logre retomar su papel como garante de derechos, no como imponentes del castigo ante la crítica. De lo contrario, profundizará la desconfianza en las instituciones, crecerá la polarización, se abrirán heridas generacionales complicadas de curar y se consolidará la percepción de que el país ha vuelto, por otras rutas, a los reflejos autoritarios del pasado.