Como cada año desde 2005, este martes se conmemoró el Día Internacional contra la Corrupción que busca crear conciencia sobre este complejo y extendido fenómeno que, de acuerdo a la ONU, afecta a prácticamente todos los países tanto en el desarrollo de sus economías como en la integridad de sus procesos electorales, la distorsión de su democracia e incluso en la misma dinámica de convivencia social.
En nuestro país, los gobiernos pasan, cambian los partidos y la corrupción sigue intacta. Los escándalos se suceden uno tras otro sin darnos tregua, desde los tiempos de la Colina del Perro y Arturo “el negro” Durazo hasta el Pemexgate, los hermanos Bribiesca, Genaro García Luna, Julio Cesar Godoy, la Estela de Luz, Odebrecht, la Estafa Maestra, la Casa Blanca, Segalmex, La Barredora, el Huachicol Fiscal y los que se acumulen, sin mencionar las incontables tropelías de gobernadores y alcaldes de distinto color. Los proveedores “oficiales”, las compras a sobreprecio, materiales de menor calidad, las empresas recién creadas que aun sin contar con experiencia obtienen contratos millonarios o las empresas fantasma con domicilios en terrenos baldíos siguen presentes, al igual que las mordidas para agilizar trámites gubernamentales o para que se perdonen infracciones de tránsito.
Tampoco se deben pasar por alto las obras innecesarias e incluso inútiles de ayer y de hoy, aquellas cuyos costos se multiplican y los tiempos de entrega se prolongan indefinidamente por falta de diagnóstico y planeación, o los daños provocados por la incompetencia de funcionarios como en el caso del Insabi, lo que sin duda también es corrupción. Mientras que para algunos pocos representa grandes negocios con enormes ganancias, para muchas personas se puede traducir incluso en una tragedia ante la imposibilidad de acceder a servicios públicos básicos como agua potable, hospitales, cirugías, tratamientos médicos además de educación, vivienda, obras de infraestructura. Cada sexenio surgen fortunas inexplicables que, al paso del tiempo, no hay manera de ocultar.
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Recientemente el INEGI publicó su reporte estadístico por el Día Internacional el cual arroja que en el primer semestre del año 45.2% de quienes tuvieron que interactuar con policías, así como el 8.9% de las personas que realizaron algún trámite gubernamental cayeron en las garras de la corrupción, mientras que en 2023, casi 170 mil empresas que representan el 3.5% también fueron víctimas de este flagelo. Otro dato muy preocupante es que el costo anual de la corrupción en México es de alrededor de 500 mil millones de pesos, equivalentes al 5% del PIB. Imaginemos lo que se podría lograr con esos recursos si realmente se destinaran a generar bienes públicos.
No han sido pocos los intentos desde la sociedad civil para impulsar acciones para la prevención y combate a la corrupción, como la iniciativa ciudadana de Ley 3de3 y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, pero a pesar de la exigencia social lo cierto es que, aunque veladas, se ha enfrentado a fuertes resistencias por lo que el SNA nunca terminó de entrar en funcionamiento, y ahora de plano está en proceso de desmantelamiento. No es gratuito que, conforme al Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional ocupemos el lugar 140 de 180 países con apenas 26 puntos de 100 posibles. La corrupción es un gran negocio y sus beneficiarios harán todo lo que esté a su alcance para que permanezca intocada.