"Si esto le hacen a la Presidenta, pues qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país": Claudia Sheinbaum
En un lapso de días, la esfera pública mexicana ha presenciado una escalada de incidentes que desmantelan la narrativa de seguridad del Estado, exponiendo una verdad innegable: la seguridad especializada y de inteligencia está fallando catastróficamente a los más altos niveles. Estos eventos, que van del riesgo político al acoso físico a la Jefa de Estado, demuestran que la austeridad republicana no puede seguir poniendo en riesgo la integridad de la gobernabilidad.
La cadena de fallas comenzó con el reporte de un frustrado atentado contra Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad, escrito por el periodista Raymundo Riva Palacio, cuya veracidad fue catalogada por la presidenta Claudia Sheinbaum como una simple "novela de ficción". Este gesto es irresponsable, pues en un país con los niveles actuales de violencia, minimizar el riesgo no lo elimina, solo reduce la percepción de urgencia.
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Pocos días después, el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, se convirtió en la confirmación trágica de un Estado rebasado y un fracaso institucional terminal frente al crimen organizado.
El desplome del blindaje en Uruapan
La comparecencia de las autoridades federales expuso una verdad humillante. La protección asignada al alcalde —14 efectivos de la Guardia Nacional y dos vehículos— no sirvió. La seguridad de alto riesgo no se mide por el número de elementos, sino por su capacitación y coordinación.
La pregunta sigue sin respuesta: ¿de qué sirvió este cinturón de seguridad periférica si el núcleo era vulnerable?
La distinción forzada entre seguridad inmediata y periférica no es una estrategia, sino una clara elusión de responsabilidad. El Gabinete de seguridad, con toda su inteligencia, sabía del riesgo y falló en el blindaje esencial.
Omar García Harfuch reconoció que el arma asegurada —una 9 milímetros— ya había sido identificada en agresiones previas entre grupos delictivos antagónicos.
La gran interrogante es: ¿cómo se justifica que con tal nivel de inteligencia forense e historial conocido no se pudiera anticipar y neutralizar la amenaza en un entorno de alto riesgo para un objetivo prioritario y conocido?
La inteligencia existía, pero la capacidad de reacción o disuasión fue inexistente. A esto se suma la falla en la identificación biométrica, pues las autoridades tardaron varios días en confirmar la identidad del asesino: Osvaldo Gutiérrez Velázquez, alías "El Cuate", originario de Apatzingán.
Mañanera del lunes 3 de noviembre
El tema escaló a Palacio Nacional, donde la respuesta presidencial fue muy dura: con un lenguaje impropio de la Jefa de Estado, calificó a los comentaristas ("comentócratas" les llama) de buitres y carroñeros e, incluso, alzó la voz contra un concesionario de televisión. Al final, en lugar de abordar el tema y asumir la responsabilidad por los hechos, la presidenta optó por centrarse en la evasión. Decidió culpar al pasado (la "guerra contra el narco" de sexenios anteriores) e ignorar el presente. Usar este argumento es una pueril y desgastada justificación frente a una ciudadanía que exige resultados tangibles.
El tono presidencial se hundió en el partidismo abierto al interrogar a la "derecha": "¿Qué propone la derecha? ¿La guerra con el narco?, ¿que regrese García Luna?, ¿qué proponen?".
Esta retórica, más propia de un mitin que de una conferencia de prensa de Estado, busca reducir cualquier crítica legítima a una simple añoranza de modelos fallidos. El problema de fondo no es la propuesta de la oposición, sino la urgencia de resultados tangibles de la administración en turno. Michoacán no necesita un debate ideológico; exige la capacidad inmediata del Estado para garantizar la vida.
Esta conferencia es coleccionable por el tenor de lo que se dijo.
Exorcizar el miedo
La violencia generada por el crimen organizado tradicionalmente siembra miedo y parálisis social; lleva a las personas a replegarse y desactivar la acción colectiva. Sin embargo, este paradigma parece estar agotándose. Lo vimos en la marcha de Culiacán, Sinaloa, a principios de septiembre, y se reitera con las recientes protestas en Uruapan y Morelia, Michoacán, tras el asesinato de Manzo. Todo sugiere que la gente —especialmente los jóvenes— están empezando a perder el miedo.
El miedo, instrumento de control del poder, se debilita cuando la indignación y la desesperación por la impunidad superan el temor a la muerte o al castigo. En ese punto, el equilibrio de obediencia se rompe, el hartazgo se convierte en rabia organizada, y el costo de callar se vuelve, finalmente, más alto que el de actuar.
Este crimen puede ser, como lo escribió Carlos Ugalde en Reforma, un punto de inflexión que transforme la indiferencia en organización; de lo contrario, si se diluye, el crimen organizado habrá triunfado al enseñar a la sociedad a callar.
Plan Michoacán
La presidenta Claudia Sheinbaum, con mesura, presentó en la mañanera del martes el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia". Para que adquiera credibilidad, el plan exige acciones urgentes, más allá de la retórica: la solicitud de licencia del gobernador Bedolla y que la FGR atraiga de inmediato la investigación del caso Manzo.
La seguridad presidencial, un foco rojo que preocupa
La crítica a la falta de seguridad especializada alcanzó su máxima expresión con el acoso sexual y agresión física sufrido por la presidenta Sheinbaum a metros de Palacio Nacional. Este incidente es una falla inaceptable en el corazón de la gobernabilidad.
La peligrosa apuesta por la "ayudantía" civil
El principal punto de reproche es la tardía e ineficaz reacción del equipo de protección. Permitir que un hombre la abrace, intente besarla y realice tocamientos indebidos es una violación total del perímetro de seguridad presidencial. La función del equipo es anticipar y contener, no reaccionar después de que el contacto físico invasivo ha ocurrido.
El hecho de que fue la presidenta quien tuvo que "retirar" las manos del agresor subraya una pasividad y una falta de instinto primario incomprensibles del equipo de su ayudantía.
Debemos aceptar que la desaparición del Estado Mayor Presidencial, un cuerpo con formación militar especializada, en favor de una "ayudantía" con "capacitación básica" ha demostrado ser insuficiente para el nivel de riesgo presidencial.
Al asegurar que "no podemos estar lejos de la gente" y que no reforzará su seguridad, la mandataria opta por una apuesta política arriesgada que prioriza la narrativa de la "cercanía". El acoso es un riesgo materializado, y la seguridad nacional no debería depender de la suerte.
La estrategia de seguridad que permite agresiones físicas de esta magnitud es un foco rojo de la gobernabilidad que exige corrección inmediata. México necesita que la seguridad presidencial y de sus funcionarios clave esté en manos de profesionales especializados, cuya eficiencia se demuestre en la prevención, y no en la suerte.
El acto de valentía de la presidenta Sheinbaum al denunciar formalmente el acoso sufrido, a pesar de haber ocurrido frente a su "ayudantía", es un poderoso mensaje de género. La mandataria no solo rechazó la agresión, sino que confrontó de manera directa la revictimización ejercida por opositores —quienes la acusaron de "fabricar" el incidente— al preguntar: "¿Se lo buscó la presidenta por ir caminando, o cómo?".
Su postura refuerza el llamado de la ONU a "no normalizar ni minimizar" la violencia contra las mujeres, recordando que el acoso es una violación de derechos humanos.
Sin embargo, más allá de la relevancia simbólica de la denuncia, la atención debe centrarse en la responsabilidad operativa.
¿Qué consecuencias habrá para los mandos de seguridad que permitieron la vulneración de la integridad de la presidenta en pleno Centro Histórico?
¡Una falla de esta magnitud exige la renuncia inmediata del equipo directivo responsable!
Reflexión final: urgencia de protocolos especializados
La dolorosa lección que une Uruapan con el Centro Histórico es la falacia de sustituir la seguridad profesional por la confianza personal.
Carlos Manzo fue víctima de una falla de coordinación y de la debilidad del sistema de círculos de protección, donde su círculo cercano de confianza —los municipales— no pudo garantizar su supervivencia ante el crimen organizado.
De forma igualmente alarmante, la presidenta Sheinbaum confía su integridad a una "ayudantía" civil, que demostró ser ineficaz en la agresión que sufrió la tarde del martes en el Centro Histórico, y que opera bajo la peligrosa idea de que la cercanía política puede suplir la especialización táctica.
La necesidad de contar con seguridad especializada, por encima del deseo personal, encuentra un ejemplo paradigmático en el pequeño grupo de siete personas que cuida la seguridad del papa León XIV..
Hace años, Francisco solicitó a Domenico Giani, entonces Comandante de la Gendarmería Vaticana y principal responsable de su seguridad personal, que redujera las medidas de protección, argumentando que la gente lo quería y que no le podía pasar nada ya que contaba con la bendición de Dios.
La respuesta de Giani fue una lección de protocolo y profesionalismo. El entonces Inspector General le replicó con firmeza: "Disculpe, Santo Padre, pero en materia de seguridad usted no manda. Yo soy, junto con el Comandante de la Guardia Suiza, el responsable de su seguridad, y usted no es Jorge Mario Bergoglio; usted es el líder religioso de más de mil millones de personas”.
Este episodio subraya un principio esencial de la seguridad de Estado: la figura que se protege no es el individuo, sino el símbolo y el cargo institucional que representa. En el Vaticano, donde se les llama "Ángeles de la Guarda", la seguridad es una responsabilidad intransferible que prioriza el protocolo sobre la informalidad.
En México debe ser igual: Claudia Sheinbaum no es una ciudadana común; es la Jefa del Estado y, en algunos momentos, la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Su seguridad requiere una atención especializada e inquebrantable.
PD. Por cierto, La Ley de Víctimas prohíbe la revictimización.