La proliferación de las plataformas digitales ha cambiado notablemente las relaciones sociales y económicas, pero también las dinámicas de comunicación. De acuerdo con el INEGI, actualmente más de 100 millones de personas tienen acceso a internet (la mayoría desde sus smartphones) y reciben diariamente mensajes y contenidos que circulan en los diferentes espacios virtuales.
En otros países, la regulación de las plataformas digitales es un tema avanzado. En Estados Unidos y la Unión Europea, por ejemplo, desde hace años se han actualizado los diferentes marcos normativos para proteger los derechos de los usuarios, fortalecer la transparencia y responsabilidad sobre los contenidos, y establecer sanciones cuando esos derechos se ven vulnerados.
Y es que el flujo de usuarios y las interacciones que tienen lugar en la red, lo ameritan. Se calcula, por citar un dato, que diariamente tienen lugar más de 9 mil millones de transacciones financieras en la red. Aunado a ello, investigaciones de organismos como la FLACSO, pionera en el estudio de las redes sociales, han arrojado conclusiones determinantes sobre el uso de las plataformas digitales, la toma de decisiones y el comportamiento de los seres humanos.
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Bajo este flujo exponencial, es impostegable garantizar en México un marco propio de las plataformas digitales que proteja el derecho a la salud, la no discriminación, los derechos de consumo, y por supuesto a las infancias, un sector vulnerable ante los contenidos que circulan.
Y es que cuántas veces hemos visto contenidos en las diferentes redes sociales, que se publicitan sin la menor responsabilidad, y en los cuales se ofertan toda clase de productos milagro, servicios que terminan por defraudar a los consumidores y contenidos engañosos. Por citar los menos nocivos.
Pero además, en esta proliferación de los llamados "influencers", entendidos como aquellas personas que ejercen influencia sobre un público que es constante y/o leal a sus contenidos; hemos visto también expresiones abiertas que hablan de consumo de sustancias ilícitas, violencia y otros aspectos negativos.
Diversos estudios han documentado ampliamente los efectos de la sobreexposición a las redes sociales y a los contenidos que ahí circulan. Cuestiones que van desde la ansiedad, la depresión, el aislamiento y la adicción; hasta fenómenos más complejos como la desinformación, el pánico masivo (producto de las fake news) y los ciberdelitos.
La regulación de las plataformas digitales, que muchos asumen de manera equívoca como intentos de censura, es en realidad la única protección que tenemos, en la ley, los usuarios cotidianos de estos espacios.
Como legisladora, desde hace mucho tiempo he venido trabajando el tema en el Congreso de la Ciudad de México, de la mano de la sociedad civil. Convencida del impacto y el nivel de influencia de estas plataformas en la vida de las personas, hemos explorado a fondo un tema tan amplio, detectando que existe un vacío normativo que representa un riesgo frente los derechos de los usuarios.
Desde la ausencia de direcciones físicas y/o electrónicas, la exposición clara de términos y contenidos, la protección de las infancias, los mecanismos de reporte y/o quejas, y en general, el buen diseño y funcionamiento de interfases; todos ellos aspectos que deben estar por sentados en una ley de fácil entendimiento y amplia socialización.
Para el caso de los llamados "influencers" es trascendental, por ejemplo, que la actividad de quienes a título propio se consideran así, se ejerza con responsabilidad, evitando caer en engaños, desinformación, estafas y en general, en la difusión de contenidos nocivos para la población.
Y es que en la actualidad, son muchos los casos documentados de influencers que se han visto involucrados en temas legales por rebasar líneas de legalidad que afectan o terminan vulnerando los derechos de terceras personas. Por supuesto no puede generalizarse esta condición, pero sí es de suma importancia regular su actividad ante el efecto e influencia que tienen en la sociedad mexicana.
Derivado de ésto y otras reflexiones profundas, ha surgido la iniciativa para expedir la nueva Ley General para Regular los Servicios de Contenido de las Plataformas Digitales, que será presentada esta semana en el Congreso capitalino. La participación de la ciudadanía, expertos y por supuesto de otras autoridades, ha sido pieza clave para un entendimiento integral del tema; un esfuerzo que garantice la libertad de comunicación, información y expresión; pero al mismo tiempo los derechos de los usuarios.