Después de cada atentado, crimen o delito de alto impacto, el mensaje de las autoridades es muy parecido: “Lamentamos lo sucedido”; “Nos solidarizamos con las víctimas”; “Se ha abierto una carpeta de investigación”; “No habrá impunidad”; “Llegaremos hasta las últimas consecuencias”; “Se sancionará a los responsables con todo el peso de la ley”.
El argumento surge de lo que dice el sentido común. También es lo que sugieren los manuales de comunicación política para el manejo de situaciones de crisis. Con este tipo de señalamientos se busca mantener la confianza de la gente y proyectar la imagen de un liderazgo sensible, además de demostrar que hay autoridad, firmeza y voluntad política para resolver cada caso. Pero las palabras se han desgastado.
La razón es obvia. Los niveles de impunidad son muy altos y crece la percepción de que sólo se resuelven con celeridad algunos delitos o crímenes que logran amplias coberturas en los medios de comunicación o las redes sociales. La ciudadanía considera, además, que la presión mediática y política sí influye de manera determinante en la resolución de los casos.
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Aún más. A pesar de esta interpretación, tan cierta como válida, las investigaciones también confirman que no todos los delitos de alto impacto social son resueltos, que las autoridades los dejan en el abandono u olvido y que diversos factores externos al sistema de justicia influyen en los resultados finales cuando éstos son positivos.
Por si no lo leíste: Impunidad, materia pendiente para mexicanos, según estudio.
En otras palabras: la realidad siempre termina por imponerse a las narrativas, debilitando día a día las frases huecas y demagógicas, a pesar de la fuerza que alguna vez tuvieron dichas palabras. Por lo tanto, surge la duda de por qué se siguen utilizando y expresando con tanta vehemencia si casi nadie las cree.
Hay más de una respuesta para comprender el problema. Primera, porque aunque parezca paradójico, es lo que la gente espera escuchar, a pesar de todo. Segunda, porque los titubeos se pueden asociar con incapacidad, debilidad y falta de liderazgo. Y tercera, porque no se han encontrado mejores construcciones argumentales para hacer frente a este tipo de situaciones.
Por momentos se pensó que complementar este argumento con otros —más de índole político o ideológico— era parte de la solución “práctica” y “creativa”. Fue así como surgieron durante el sexenio pasado, por ejemplo, las acusaciones de lo que sucedía a personajes del pasado, a los adversarios y opositores, a los conservadores, a los medios de comunicación, a los líderes de opinión y a los comentócratas, entre otros.
Desde esta perspectiva, la polarización se convirtió en recurso y, al mismo tiempo, en una forma de desviar o evadir parte de la responsabilidad cuando no se logran los resultados esperados. Y esto ha dado lugar a la generación de pleitos, conflictos y debates —muchas veces innecesarios— que a final de cuentas sólo terminan desgastando a las instituciones y sus líderes.
Aunado a lo anterior, las líneas de argumentación complementarias a la que nos hemos referido han potenciado un fenómeno aberrante de los gobiernos democráticos: la politización de la justicia o la judicialización de la política. En uno u otro caso, más que contribuir a mejorar el sistema de justicia los resultados crean nuevas problemáticas cuando se busca afianzar la credibilidad y confianza en las instituciones.
El caso más reciente lo estamos viviendo con el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, cuya manejo informativo ilustra con enorme nitidez todo lo bueno y lo malo de las narrativas que acompañan este tipo de crímenes. Pero más cuando se analizan los pocos resultados que ha habido con los asesinatos de alcaldes en lo que va del sexenio y con los que han matado durante el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán.
Si consideramos que el 93% de los 31.3 millones de delitos que se cometieron en el país en 2023 no fueron denunciados, comprenderemos aún mejor la falta de cumplimiento de las promesas de mano firme y castigo ejemplar “con todo el peso de la ley”. Visto de esta forma, la eficacia en el tema de la justicia resulta un privilegio apenas para unos cuantos.
Derivado de lo anterior, es cierto que no resulta sencillo comunicar grandes compromisos apegados a la verdad en temas relacionados con la seguridad. La magnitud de la crisis y la insuficiencia de los recursos económicos, materiales y humanos dificulta más la ejecución de la estrategia. Sin embargo, cuando así sucede, también lo es que no sólo se abre una ventana de oportunidad sino se alimenta una incipiente esperanza en la población.
De lo que no hay duda, es que la estrategia de comunicación de la presidenta Claudia Sheinbaum está a tiempo de corregir la narrativa que se ha construido en torno a los anuncios relevantes que tendrá que seguir dando en materia de seguridad. Por la ruta que va, lo más probable es que termine afectando la popularidad que se ha ganado durante su primer año de gobierno.
Recomendación editorial: John Bailey. Crimen e impunidad. Las trampas de la seguridad en México. México: Editorial Debate, 2014.