Murió Carlos Manzo, alcalde de Uruapan: hombre echado para adelante, contendiente a la gubernatura, padre, hermano, hijo, esposo, y hoy víctima.
A sus deudos, la solidaridad y las condolencias ante esta atrocidad; a la sociedad, claridad, resultados, certeza, justicia.
La muerte del alcalde Manzo se suma a las de Martha Laura Mendoza (Tepalcatepec), Salvador Bastida García (Tacámbaro), Yolanda Sánchez Figueroa (Cotija), Guillermo Torres Rojas (Churumuco) y César Valencia Caballero (Aguililla): al menos siete alcaldes han perdido la vida en tres años.
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La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el suceso y lo calificó como un acto cobarde, condenable y vil. Reiteró que su gobierno enfrentará a la delincuencia con toda la fuerza del Estado y con atención clara a sus causas.
Vale preguntarse, entonces: ¿cuáles son esas causas? ¿Cuál es su origen?
Michoacán venía de ser un estado lleno de cacicazgos rurales, con un aparato estatal incapaz de ejercer autoridad fuera de Morelia. Para cuando Lázaro Cárdenas Batel (2002–2008) heredó ese vacío, durante su gobierno se erigió La Familia Michoacana: el primer narco con ideología, que se presentaba falsamente como “la policía del pueblo” y comenzaba a extenderse en múltiples latitudes.
Para 2008, cuando Leonel Godoy tomó el gobierno, Felipe Calderón ya había iniciado la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Un año después, el Michoacanazo trajo la detención de 38 funcionarios estatales y municipales por presuntos vínculos con La Familia Michoacana.
Esa acción dinamitó el resto de su gobierno. Godoy perdió el control territorial mientras su hermano, el diputado Julio César Godoy Toscano, era acusado de vínculos con “La Tuta”. Aun así, logró obtener fuero gracias a que Alejandro Encinas lo ingresó de forma ilegal al Palacio Legislativo para tomar protesta.
Godoy vivió el surgimiento de Los Caballeros Templarios, liderados por Nazario Moreno “El Chayo”, Servando Gómez “La Tuta”, Enrique Plancarte y José de Jesús Méndez “El Chango”: una empresa criminal con discurso pseudorreligioso y moralizante, nacida del fanatismo ultra de antiguos miembros de La Familia Michoacana.
Con Enrique Peña Nieto en la presidencia, su asesor de seguridad, el general colombiano Óscar Naranjo Trujillo —artífice de la caída de Pablo Escobar y alojado en un centro de estudios del Tecnológico de Monterrey— fue enviado a diseñar una estrategia de reconstrucción institucional en Michoacán.
Su misión: replicar la experiencia colombiana, armando y capacitando a los municipios para defenderse de los cárteles bajo un modelo de autodefensa comunitaria.
El resultado fue un desastre absoluto. Naranjo salió por la puerta de atrás.
¿Qué pasó? El Estado mexicano no tenía la cohesión ni la estructura legal que Colombia había construido tras una guerra civil.
Lo que nació como defensa ciudadana terminó siendo un enjambre de milicias sin mando ni ley.
Las autodefensas se convirtieron en un híbrido entre organización comunitaria y brazo armado del crimen: recibían apoyo federal de día y dinero del narco de noche.
Fausto Vallejo, del PRI, le arrebató la plaza al PRD. Era visto con esperanza tras su paso por la alcaldía de Morelia, pero el estado ya estaba infiltrado por estructuras criminales.
El paso de Naranjo había escalado la crisis social y de seguridad, y a su hijo, Rodrigo Vallejo, se le relacionó con “La Tuta”.
Vallejo renunció por enfermedad, y Peña Nieto nombró comisionado especial a Alfredo Castillo para intentar la pacificación.
Jesús Reyna, secretario de Gobierno, asumió un interinato breve, hasta que fue detenido por la PGR bajo cargos de delincuencia organizada tras difundirse un video en el que se le veía reunido con “La Tuta”. Años después fue liberado por falta de pruebas.
Salvador Jara, exrector universitario, asumió la gubernatura tras la salida de Reyna. Junto con Castillo intentó institucionalizar a los grupos de autodefensa —ya infiltrados por el crimen— bajo la figura de la Fuerza Rural Estatal. Aquello resultó un chiste: sus filas estaban integradas por miembros del CJNG, ex templarios y Viagras.
El fracaso derivó en la remoción de Castillo desde la Secretaría de Gobernación encabezada por Osorio Chong.
La Nueva Familia Michoacana, heredera de la estructura templaria, tomó fuerza con figuras como Hipólito Mora, José Manuel Mireles y “El Abuelo” Farías, además de alianzas regionales que derivaron en Cárteles Unidos.
El CJNG aprovechó el vacío y entró desde Jalisco hacia Apatzingán y Aguililla, controlando la producción de metanfetaminas y las tierras de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes.
Con Silvano Aureoles (PRD, 2015), ingresó masivamente el CJNG y retornaron células michoacanas como sus asociados.
La militarización iniciada con Calderón y sostenida con Peña se incrementó bajo López Obrador.
Autodefensas y crimen terminaron financiándose mutuamente, y Michoacán volvió a estallar.
Cárteles Unidos surgió como respuesta local frente a la andanada del CJNG.
El despliegue de la Guardia Nacional fue contundente, pero su objetivo fue contener, no confrontar, lo que derivó en una coexistencia forzada —una paz aparente y mentirosa.
Cuando Ramírez Bedolla tomó el gobierno, el estado ya se había convertido en un laboratorio del narco para la guerra híbrida: drones explosivos, minería ilegal y economías legales criminalizadas —aguacate, madera, limón—, mientras las ilícitas prosperaban desde el litoral hasta los feudos criminales.
Moneda al aire
Cuando hablamos de causas en Michoacán, no podemos hablar de ideologías ni de coyunturas; no podemos hablar de pobreza ni de falta de oportunidades.
Hablamos de condiciones permanentes y profundas de criminalidad, de procesos y patrones sistemáticos incrustados dentro de la economía, la sociedad y el gobierno.
Todos, absolutamente todos, han fracasado. No hay respuesta simple para esto.
La hibridación entre crimen, sociedad y política local ha creado poderes paralelos. Nadie reconstruyó el tejido social.
El resultado: soberanías compartidas, donde el gobierno representa el orden legal, pero los cárteles ejercen la autoridad real.
Esas son las verdaderas causas y, las de diario, las consecuencias.