El asunto no puede tomarse a la ligera. Lo ocurrido en Baja California, específicamente en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y su Oficina Especializada en el Delito de Secuestro, representa una escalada preocupante: tres artefactos explosivos —incluidas granadas y drones (vehículos aéreos no tripulados)— fueron empleados en el ataque.
De acuerdo con la versión oficial, se trataría del segundo evento de este tipo. Aunque no hubo víctimas mortales ni heridos, los daños materiales confirmaron una realidad inquietante: el uso de drones armados como táctica atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La fiscal general María Elena Andrade Ramírez indicó que los explosivos eran de manufactura casera, ensamblados con clavos y balines dentro de botellas de plástico. Sin embargo, no pudo precisar con claridad su mecanismo de activación o detonación.
La pregunta que queda al centro es si este atentado fue un mensaje, una represalia o qué. Es bien sabido que cuando un grupo criminal adopta un método y tiene éxito, es evidente que serán reiterativas las acciones para ocasionar miedo y terror. Estas actividades narcoterroristas dejan más preguntas sin responder ¿había en las instalaciones algún detenido de alto perfil cuya presencia pudiera haber detonado una operación de rescate por parte de un grupo armado? Y si no lo había, ¿existen antecedentes recientes de amenazas o incidentes dirigidos contra personal de la Fiscalía Antisecuestros o de otras unidades que hayan encendido focos rojos previos?
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Tampoco es menor analizar el contexto regional. ¿Cómo ha evolucionado la presencia del CJNG en Baja California durante los últimos meses? ¿Qué municipios concentran sus principales actividades y cuáles son los territorios actualmente en disputa con otras organizaciones criminales? ¿Quiénes son esos grupos rivales y qué zonas están bajo tensión?
Más allá del diagnóstico criminal, surge otra interrogante inevitable: ¿cuáles son las capacidades reales con las que cuenta la Fiscalía del Estado para enfrentar este tipo de amenazas? ¿Dispone de protocolos específicos, tecnología forense, sistemas antidrones o análisis de inteligencia que le permitan anticipar y responder eficazmente ante ataques con explosivos? Y si no los tiene, ¿qué acciones se han tomado tras este evento para reforzar la protección del personal y de las instalaciones consideradas estratégicas?
Otro ángulo de análisis apunta al ámbito federal. Dado el uso de drones y explosivos, ¿se ha considerado tipificar este atentado como un acto de terrorismo, conforme al artículo 139 del Código Penal Federal, lo que implicaría la posible atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República? ¿Se ha solicitado ya el apoyo de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, o de la FEMDO, para que coadyuven en la investigación? Aun a pesar de que la fiscal insiste en que los temas serán tratados desde dentro de su fiscalía y lo hace bien.
Finalmente, cabe preguntarse si ya se cuenta con líneas sólidas de investigación. ¿Se ha logrado identificar alguna red de apoyo, evidencias forenses o inteligencia que apunte a los autores materiales e intelectuales del ataque? En ningún momento existe el mal augurio, pero esto va a volver a suceder, solo se espera que no sea ahora con pérdidas humanas
Por supuesto, estas interrogantes es necesario que sean atendidas, sin embargo, cuando una instancia se niega a tener apertura, a trabajar con los medios, y a saber informar, pues, se tienen dos crisis la de la delincuencia y la de la desinformación.
Moneda al aire: FONDEN, Chema Tapia y Osorio Chong
Hemos sido testigos de cómo, desde hace meses, le han propinado una paliza mediática a Adán Augusto López por el supuesto “desconocimiento” de las acciones de su jefe policiaco, “El Abuelo” Bermúdez Requena. Como lo hemos señalado antes: su ignorancia no lo exime, pero tampoco lo convierte automáticamente en cómplice. Simplemente lo exhibe como alguien que no tenía control sobre su entorno inmediato, y eso —en política— también se paga.
Pero ahora los reflectores parecen girar hacia otro personaje: Chema Tapia, exsenador y director del FONDEN durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Muchos acusan a la presidenta Sheinbaum de arremeter contra el FONDEN de Peña sin voltear a ver que Tapia milita hoy en sus propias filas. Morena y el Verde han intentado recular sobre su adhesión, pero lo que nadie parece querer discutir es el fondo del asunto: ¿dónde están las acusaciones contra Tapia? ¿En qué estado procesal se encuentran? ¿Hubo o no un daño al erario de las dimensiones que ha señalado la propia presidenta?
Porque si ese desfalco fue real, si hubo “puentes invisibles” y casas mal construidas con fondos del FONDEN, ¿por qué no hay un solo funcionario procesado? Y más aún: ¿acaso Miguel Ángel Osorio Chong, entonces secretario de Gobernación, no sabía nada de lo que hacía Tapia? ¿No se dio cuenta de los cientos de millones de pesos que pasaron por sus manos? ¿No revisó jamás la aplicación de esos recursos, ni las irregularidades evidentes que hoy se señalan con tanta facilidad?
Si a Adán lo acusan por omisión, ¿no sería lógico —y justo— aplicar el mismo rasero a Osorio Chong? Porque si las tropelías de Tapia fueron tan graves, alguien más tuvo que haberlas visto… o decidido no verlas o participar en ellas, que se investigue entonces.