Un evento de violencia institucional no es simplemente un incidente; es una fractura profunda en el contrato básico que establece la confianza entre el Estado y sus ciudadanos.
La respuesta de un gobierno ante tales sucesos —o su participación directa en ellos— puede dejar un estigma indeleble que redefine su legitimidad, su percepción internacional y su capacidad de gobernar de manera efectiva.
La erosión de la legitimidad interna
El principal daño que sufre un gobierno tras un evento de violencia institucional reside en la pérdida de legitimidad democrática. Un Estado democrático se legitima en su capacidad de monopolizar la fuerza para proteger a sus ciudadanos, no para agredirlos. Cuando las fuerzas de seguridad o las instituciones actúan con violencia desmedida, el gobierno pierde inmediatamente la autoridad moral necesaria para exigir obediencia.
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La gestión de crisis posterior suele ser tan perjudicial como el acto inicial. La negación, la minimización o el encubrimiento refuerzan la percepción de impunidad y cinismo gubernamental. Esta percepción convierte al Estado en el problema, no en la solución. Los ciudadanos dejan de ver al gobierno como un garante de derechos para verlo como una amenaza activa a su seguridad.
El daño a la reputación internacional
En el ámbito global, un evento de violencia institucional puede llevar al aislamiento diplomático y a la desconfianza económica. Los gobiernos son evaluados por organismos internacionales, instituciones financieras y otros estados en función de su respeto por el Estado de derecho y los derechos humanos.
Un caso de represión o violación masiva de derechos humanos activa inmediatamente los mecanismos internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU o la Corte Penal Internacional. Esto no solo genera condenas formales (Amnistía Internacional, 2023) sino que también puede traducirse en restricciones de ayuda y cooperación bilateral o multilateral, advertencias de cancelación o precaución en viajes, lo que impacta el turismo y la inversión extranjera directa, y una degradación en índices globales de democracia y derechos.
Tal daño reputacional es difícil de reparar, pues suele necesitarse una década o más de reformas tangibles para recuperar la credibilidad en el escenario mundial. Y a ello abona la ya existente crítica por reformas constitucionales que afectan la economía, la democracia y la justicia en el país.
La polarización y la memoria colectiva
La violencia institucional tiene un efecto de polarización duradera dentro de la sociedad. Los eventos traumáticos se incrustan en la memoria colectiva, creando narrativas de victimización y resistencia que el gobierno no puede controlar. La violencia se convierte en un símbolo, en un "punto de inflexión" utilizado por la oposición y los movimientos sociales para activar y potenciar protestas.
En lugar de ser un capítulo cerrado, el evento se mantiene vivo a través de monumentos, aniversarios y la persistente demanda de verdad, justicia y reparación. Cualquier intento del gobierno de ignorar esta demanda se percibe como una continuación de la violencia inicial. La marca de la violencia se convierte en un capital político para la oposición y en un ancla que arrastra la imagen del gobierno actual y de sus sucesores, redefiniendo la política en torno a la lucha contra la impunidad.
Ayotzinapa: la fractura de 2014
El siglo XXI ha sido testigo de cómo eventos de violencia institucional han fracturado de manera significativa la relación entre el Estado mexicano y sus ciudadanos, marcando el carácter y la reputación de los gobiernos en turno. Estos sucesos, caracterizados por la participación o colusión de fuerzas estatales, han profundizado la crisis de derechos humanos y legitimidad que el país enfrenta.
Un caso destacado por el impacto duradero en la memoria colectiva y en la rendición de cuentas del gobierno federal fue la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.
Este caso trascendió de un hecho criminal a una crisis de Estado debido a la participación directa o colusión de policías municipales, estatales, y la omisión grave o encubrimiento de las fuerzas federales, incluyendo el ejército.
La reacción inicial del gobierno federal se caracterizó por la imposición de una "verdad histórica" que fue desacreditada por expertos independientes. Esta imposición no solo fue vista como una obstrucción a la justicia, sino como un intento deliberado de proteger a elementos del Estado involucrados en los hechos. El resultado fue una pérdida masiva de confianza en las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
La frase "Fue el Estado" se convirtió en un grito de movilización social y en el lema de la desconfianza hacia el gobierno de Enrique Peña Nieto. La incapacidad de ese gobierno para resolver el caso, sumada a la percepción de engaño, provocó una erosión de la legitimidad que definió el resto de su sexenio, convirtiendo a la administración en sinónimo de impunidad y corrupción estructural y que llevó a su derrota histórica en las urnas en 2018.
Y ya en el gobierno de la 4T
Es luego que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, desde su arranque hace siete años, prometió resolver el llamado “Caso Ayotzinapa”, en el marco de un compromiso con la transparencia y el combate a la corrupción.
Aunque se creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, las tensiones con las Fuerzas Armadas y las filtraciones de información han demostrado la resistencia institucional a la transparencia y la justicia, afectando la imagen del gobierno actual. Y es por ello que se ha tenido que trabajar desde el gobierno bajo la sombra de este evento desde que iniciara.
Y ahora se suman nuevos actos de violencia que llevan a algunos activistas y críticos a comparar a la actual administración, la de la Doctora Presidenta, con los peores momentos del régimen priista, en especial con la actitud represiva del gobierno de Díaz Ordaz en el infausto 1968.
¿Le será posible sacudirse de esta marca y devolverle vigor al pacto social en nuestro país? Eso y la estabilidad política nacional son los aspectos que están en juego.