En la nueva judicatura se supone que el Tribunal de Disciplina Judicial es el ente que impone las sanciones para el caso de que los juzgadores cometan alguna falta. La sanción supone eso: que hay falta; pero, a la vez que haya un debido proceso en el que se pruebe y haya defensa. Pese a las deficiencias del diseño del procedimiento sancionador que hay en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, toda sanción supone debido proceso.
Sin embargo, también hay formas de castigar sin sancionar.
Quizás se recuerde aquella película sobre la vida de Oppenheimer, ganadora del Oscar, en la que el protagonista se ve envuelto en un procedimiento administrativo propio de la inquisición. Como integrante de la Comisión de Energía Atómica, tenía que renovarse su nombramiento, para lo cual un Comité tenía que darle su visto bueno. El comité indagó su vida privada, su pasado político, sin que en tal procedimiento se diera un debido proceso. La resolución fue negativa y equivalió a un castigo.
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Así sucede en la judicatura. Magistrados y magistradas que asumieron una posición en defensa de un poder judicial independiente son castigados sin procedimientos sancionadores. La vía son las readscripciones, esto es, mediante decisiones administrativas son readscritos de un lugar a otro y están obligados a hacerlo en pocos días. El impacto en la vida personal es fuerte: vivienda, escuelas, etc. La decisión del cambio no tiene motivación, sólo se comunica la decisión. No hay razones, ni audiencia de parte, ni justificación de por qué es una persona y no otra.
Si además desaparecen los soportes que tenía el poder judicial en casas destinadas a juzgadores, se traslada toda la carga a estos.
Si hay acciones dirigidas a quienes han tomado una posición de defensa del poder judicial independiente, junto a la medida está un mensaje.
Un mensaje que por sabido no es necesario hacerlo explícito.