No existe mayor urgencia en el país que atender el problema de la violencia e inseguridad. Es un hecho irrefutable que grandes porciones del territorio nacional están bajo el control de grupos del crimen organizado quienes, libremente, amenazan; extorsionan; imponen cuotas y matan.
La tarea principal del Estado es, ante todo, proteger la vida y, cada día que pasa en México es un recordatorio de la falta de capacidad que tiene el gobierno para garantizar esta obligación.
El asesinato de Carlos Manzo es la más reciente evidencia de que el Estado está superado por los criminales, quienes saben que callar a las personas valientes que luchan por un México de paz no les traerá ningún problema.
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El ejemplo de Carlos Manzo y del municipio de Uruapan ha sido una luz dentro del México acostumbrado a las masacres y a las incontables víctimas que se acumulan ante la pasividad del Gobierno de Morena, quienes desde el sexenio pasado renunciaron a la estrategia del combate de criminales, apelando a que los abrazos resultarían más efectivos para disuadirlos de atacar y acosar a la población civil.
Sabemos que esto no solo fue un error, sino una muestra de complicidad, porque los criminales no se han detenido para matar niños; para desaparecer y reclutar a los jóvenes, así como para provocar masacres en diversos puntos del país. El “Abrazos, no balazos” ha sido la prueba de un Gobierno que no es capaz ni tiene la valentía, el coraje y la determinación para defender a los suyos y que piensa que solo la atención social, sin estar acompañada de una estrategia de combate, pacificará a un México ahora sometido y acostumbrado al miedo.
El “Plan Michoacán” es el nuevo intento del Gobierno por tratar de responder a una crisis ante la que no saben cómo reaccionar. Para el régimen es suficiente decir que atenderán el problema y mandar a que el Secretario de Seguridad desfile por las calles acostumbradas a la tragedia, mientras está rodeado de los elementos de la Guardia Nacional, aunque sepamos que, tan pronto se vaya, nuevamente los criminales saldrán a controlarlo todo. Mentiras, simulación e incapacidad.
Eso ya lo hemos visto en Sinaloa, donde por cierto no hay ningún “Plan”, pero lo que sí hay son más de 2,250 asesinatos; 2,130 desaparecidos; más de 7,300 vehículos robados; más de 3 mil personas desplazadas y un desastre económico estimado entre 36 y 70 mil millones de pesos. Para Sinaloa solo ha habido silencio: ni atención a las causas, ni combate, ni inteligencia. Por eso ya nadie les cree.
A propósito, la Presidenta Sheinbaum le preguntó a la oposición qué sugeríamos para pacificar al país.
Primero, que abandonen el pacto criminal que mantienen sus gobernadores y políticos con el narcotráfico.
Segundo, reforzar la estrategia de seguridad con el fortalecimiento de la capacidad de combate desde una perspectiva local y aumentar los sueldos de los policías (que ya votamos a favor en una reforma, pero que Morena no ha querido implementar).
Tercero, impulsar una reforma integral en el Congreso que permita que haya apoyos e inversión pública a los sectores productivos del país, especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las más golpeadas por la extorsión, así como a las actividades primarias, que han sido completamente abandonadas.
Cuarto, profundizar la política social con un enfoque de prevención de la violencia, sin renunciar al desarrollo de políticas públicas de acompañamiento, apoyo y promoción de oportunidades para las y los jóvenes del país.
Y, quizá lo más importante, dejar de normalizar la violencia, el abandono institucional y voltear a ver a las víctimas, que gritan por ayuda sin que nadie los escuche.
Al tiempo.