La lucha de las mujeres para ejercer a plenitud nuestros derechos ha sido larga; el mejor ejemplo lo tenemos en la representación política en donde apenas en 2014 fue elevado a rango constitucional el principio de paridad de género, luego de un contexto histórico que nos ha invisibilizado, discriminado e incluso violentado por el hecho de querer materializar el principio de igualdad para vivir en una sociedad equitativa e igualitaria, libre y con el reconocimiento pleno de nuestros derechos que tenemos consagrados en la Constitución.
Con esta importante reforma constitucional de paridad se reforma también la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en ese mismo año, para establecer reglas para registrar listas y fórmulas paritarias en candidaturas diputaciones federales y senadurías, con lo que la paridad dejó de ser una acción afirmativa temporal.
Entre 2014 y 2018, el Instituto Nacional Electoral (INE) fue estableciendo criterios para que los partidos políticos llevaran a cabo acciones efectivas para cumplir la paridad y evitar con ello simulaciones. Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma los criterios emitidos por el INE y desarrolla diversas jurisprudencias para reafirmar la paridad.
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Gracias al impulso de diversos colectivos de mujeres en diferentes momentos, el Legislativo ha aprobado leyes importantes para garantizar los derechos políticos y electorales de las mujeres. Así, en 2019 una reforma constitucional da vida a lo que se conoce como “Paridad en Todo” que determinó la paridad en la integración de los Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial); la paridad en los tres niveles de gobierno, en los organismos autónomos, y en sistemas normativos indígenas.
Junto con la mayor representación de las mujeres se hizo latente un cáncer que busca irrumpir nuestra democracia: la violencia política contra las mujeres en razón de género, por ello, en 2020 se reforman diversas leyes generales y federales que buscan prevenir, atender, reparar y erradicar este fenómeno que atenta contra la paridad y el ejercicio de cargos públicos en contextos libres de violencia. Con estas importantes reformas las autoridades electorales empiezan a construir acuerdos tales como el alcanzado por el INE en 2021, por el que se concretó la paridad en gubernaturas por primera vez en la historia de nuestro país.
Entre 2020 y 2022 las legislaturas de las entidades federativas han reformado sus constituciones y leyes para incluir la paridad y generar una vida libre de violencia política en razón de género.
En 2020 se impulsa por diversas colectivas de mujeres la #3DeContraLaViolencia que es retomada ese mismo año por el INE y que posteriormente en 2023, se convierte en #8De8ContraLaViolencia que basada en reformas constitucionales estableció 8 supuestos por los que una persona no puede ser registrada como candidata para un cargo de elección popular o ser nombrada para empleo o comisión en el servicio público por violencia de género. El INE para el proceso electoral 2024 consideró 2 supuestos más establecidos en la propia Constitución.
Ahora bien, el 15 de noviembre de 2024 entró en vigor la “Reforma Constitucional en Igualdad de Género”, presentada por la Presidenta de la República, que incorpora en la Constitución la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y, por lo mismo creó normativas para que las entidades federativas garanticen el derecho a una vida libre de violencia, a aplicar la perspectiva de género en la construcción y aplicación de políticas públicas, en la seguridad pública y la procuración de justicia; así como para eliminar la brecha salarial, entre otros aspectos.
A un año de su promulgación y haciendo un repaso general de la lucha que las mujeres hemos librado por obtener una igualdad de derechos se han logrado cosas importantes como: la construcción de presupuestos igualitarios; algunas políticas públicas con perspectiva de género; nombramientos paritarios en el servicio público; entre otras.
Sin embargo, muchas cosas quedan pendientes y que son urgentes atender tales como la construcción de una cultura de la igualdad, el adecuado presupuesto para materializar la reforma, por ejemplo, en la representación política de las mujeres es necesario incrementar el porcentaje establecido en la legislación electoral para el liderazgo, capacitación y promoción de mujeres que les permita competir en igualdad de circunstancias; fortalecer la capacitación en las materias afines; el diseño de mecanismos de seguimiento para generar incluso sanciones ante las faltas o irregularidades detectadas. La brecha salarial implica esfuerzos importantes y sanciones ejemplares por su incumplimiento. Mayores herramientas y sanciones para combatir la violencia política en razón de género, entre otras.
En una democracia como la nuestra, un componente fundamental es la igualdad. Entre más igualdad mayor crecimiento de nuestros derechos, mayor estabilidad social que otorga a su ciudadanía mejores oportunidades de crecimiento; mayor igualdad significa más transparencia y rendición de cuentas; mayor igualdad de la oportunidad de que las y los mejores lleguen a puestos claves; mayor igualdad necesariamente exige erradicar la violencia de género, y entre mayor igualdad mayor libertad.