Miles de soldados, aviones, helicópteros, buques, drones y vehículos blindados conforman el Plan Michoacán que ya está en marcha, con el objetivo de pacificar el estado. De manera paralela, el Poder Judicial se encuentra en una etapa de aprendizaje, con jueces elegidos por lealtad y no por capacidad. Los jueces ya no responderán a la justicia sino a quien les dio el poder, con la eficiencia propia del nepotismo. Los arrestos sin jueces solo garantizan impunidad.
La Reforma Judicial deja en ruinas el último muro de contención. En junio de 2025, se eligió a los jueces democráticamente, en las urnas flageladas por el dinero del crimen y la fuerza política del oficialismo. Sumado a esto, el Poder Judicial sufrirá un recorte a nivel nacional de 15%, dejando a estados como Michoacán con menos audiencias, menos sentencias y menos peritos. Agravando el sistema judicial de un país donde 1 de cada 10 asesinatos queda esclarecido y la mayoría de las detenciones por narcotráfico no se condenan. Con jueces capturados por intereses ajenos y sin preparación, los juzgados dejan de condenar la violencia; la normalizan y convierten a las organizaciones criminales en simples empleadores.
El Plan Michoacán 2025 plantea 12,000 soldados, millones en apoyos a productores y estudiantes y cinco nuevas universidades. Pero sin empleos formales, los apoyos preventivos no llegan a nada. En un país donde un empleo formal paga $8,000 al mes y uno en el crimen organizado empieza en $15,000 y la impunidad supera el 90%, el crimen organizado se convierte en el mejor empleador posible del país. Las becas podrán reducir el número de reclutamientos juveniles, pero sin castigos ni empleos, el narco pasa a ser una empresa que paga bien.
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La Cámara de Comercio de Estados Unidos ya advirtió que la Reforma Judicial amenaza el T-MEC. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anticipa riesgos de sanciones por incumplimiento de la separación de poderes. Sin un estado de derecho sólido, México pierde credibilidad, cadenas de suministro, oportunidades de inversión y, con ello, la creación de empleos formales que acompañan el crecimiento económico.
La pacificación no se logra con abrazos, pero tampoco solo con la fuerza; además, se necesitan jueces que hagan pagar por lo cometido y empleos que dignifiquen a las personas. Sin un estado de derecho fuerte y trabajos formales, las estrategias preventivas y los despliegues militares se diluyen en la impunidad.